De los 5.8 millones de indocumentados de mexicanos que residen en Estados Unidos, según el centro Pew Reserch, 4.2 millones (es decir 72%) reside en 10 estados, cuyos gobernadores difieren en apoyar las políticas de Donald Trump de aprehender a cualquier extranjero que carezca de documentos migratorios.
Del lado de los mandatarios que rechazan la persecución de inmigrantes están el de California, Jerry Brown; el de Nueva York, Andrew Cuomo; y el de Illinois, Bruce Rauner. En estos estados hay 2.1 millones de connacionales sin papeles, lo que equivale a 36% de los indocumentados mexicanos.
En cambio, los gobernadores de Texas, Greg Abbott; de Arizona, Doug Ducey; de Florida, Rick Scott; y de Nuevo México, Susana Martínez, han manifestado públicamente que sus administraciones cooperarán con la federación para la detención de indocumentados. Si se suman a todos los mexicanos “irregulares” de estas entidades, alcanzan los 1.6 millones, equivalente a 27% del total.
José Martín Íñiguez Ramos, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana experto en temas de migración, explicó que la postura de los gobernadores sí importa mucho, ya que en el sistema estadounidense existen contrapesos que les permiten actuar en cualquier tema de política pública, siempre y cuando no violen la Constitución.
“Los gobernadores de Estados Unidos, y también los alcaldes de los condados y de las ciudades, tienen autonomía, y eso sí permite que haya un contrapeso con el Gobierno federal. A eso se le incluye lo que se llama Ciudades Santuarios, que desde la década de los 80 han optado más que por defender a los indocumentados, por no hacer el trabajo sucio de los servicios de migración”, afirmó el académico.
El 25 de enero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva para darle mayores atribuciones no sólo a la Patrulla Fronteriza o a los agentes migratorios, sino que cualquier policía puede detener a un indocumentado, si el uniformado lo considera necesario. Además, el presidente de Estados Unidos amenazó con quitarle las aportaciones federales a las Ciudades Santuario.
Ante esta situación, Íñiguez Ramos explicó que en caso de concretarse esa amenaza, eso tampoco deja desamparados a los gobernadores, pues algunos estados incluso dan a la federación más de lo que reciben.
“(La amenaza de Trump) generaría un conflicto constitucional, pero lo debemos de ver caso por caso. Por ejemplo California, la quinta economía del planeta, no depende de los recursos federales, pero hay otros cuya situación es muy diferente, como Nuevo México donde 30% de sus entradas provienen de la Federación”, finalizó.