LONDRES. Frente a la masiva crisis constitucional que representa el lanzamiento del artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea, once miembros de la Corte Suprema del reino y 55 abogados de las diferentes partes iniciaron cuatro días de audiencias, transmitidas por Internet, para decidir si debe ser autorizado o no por el Parlamento. El Supremo espera dar a conocer su dictamen recién a principios de 2017.

 

El Gobierno británico de Theresa May declaró ante el Tribunal que tiene la prerrogativa para activar el Brexit sin el permiso del Parlamento, al argumentar su caso ante la máxima instancia judicial.

 

En noviembre, el Tribunal Superior falló en favor de la empresaria Gina Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no puede invocar el artículo sin una votación previa de los diputados.

 

En la primera jornada de esta apelación, el abogado general del Estado, Jeremy Wright, esgrimió los argumentos del Gobierno y defendió que éste tiene los poderes ejecutivos -prerrogativa real- para activar el artículo 50 sin una votación de los Comunes.
Al exponer su planteamiento, Wright dijo que es legal esa prerrogativa en este caso porque el Reino Unido es constitucionalmente “dualista”, ya que el poder es ejercido tanto por el Parlamento británico como por los ministros del Gobierno.

 

Wright recalcó que la legislación que autorizó la convocatoria del referéndum sobre la UE del 23 de junio fue aprobada con la “clara expectativa” de que el Gobierno haría efectivo el resultado.

 

Los abogados que defienden la posición del Gobierno admitieron que se trata de un recurso de “gran significado constitucional”, con “interés legítimo” para todas las partes.

 

Al iniciar la vista, el presidente del Supremo, David Neuberger, dejó claro que esta corte se limitará a evaluar los asuntos legales del caso de forma “imparcial”, sin entrar en “cuestiones políticas”.

 

Según los expertos

 

Aún si el Gobierno pierde esta apelación y el proceso legal llega al Tribunal de Justicia europeo, May no tendría dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación para activar el artículo 50, ya que los diputados respetarían la voluntad de los británicos expresada en el plebiscito.La primera ministra ha anticipado que espera iniciar el proceso antes de que termine marzo de 2017, por lo que el Reino Unido puede estar fuera de la UE en 2019.