El 27 de septiembre de este año los senadores del PRD anunciaron su renuncia formal al fuero constitucional, que los protege de ser procesados penalmente, al igual que otros funcionarios como gobernadores, magistrados, secretarios de Estado y el propio presidente de la República.

 

El grupo de legisladores perredistas señaló que el fuero constituye un lastre para el servicio público y promueve la impunidad entre la clase política, por ello insistieron en renunciar a las garantías que les ofrece el artículo constitucional 111 y la inmunidad parlamentaria en el artículo 61.

 

Ante la negativa de la Cámara Alta para procesar esta solicitud, los legisladores del Sol Azteca presentaron este viernes ante un juzgado de Distrito en Materia Administrativa un recurso de amparo para continuar el litigio en el que se reconozca su derecho para desistirse de la inmunidad procesal.

 

En uno de los casos relevantes sobre este tema, en semanas anteriores los propios diputados entraron en debate sobre si era legal la eventual detención del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, debido a que en su calidad de gobernador constitucional goza de inmunidad procesal, y para retirarle este beneficio se requería someterlo a un juicio de desafuero en el propio Congreso.

 

¿Pero qué es el fuero constitucional?

 

Suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria y es la prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo (juicio de desafuero) al que pertenecen.

 

El fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

 

En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores no se requiere del procedimiento de declaración de procedencia, ya que en cuanto particulares, se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización.

 

La razón por la que la clase política goza de fuero es para proteger la libertad crítica que permite que los funcionarios y gobernantes se desempeñen de manera eficiente, puesto que por la naturaleza de sus funciones, un proceso legal innecesario podría distraerlos de su labor, que es servir a México y atender las necesidades de sus ciudadanos.