El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) recibió el informe previo de gestión de la Contraloría General 2016 y el correspondiente al primer semestre sobre el estado que guardan las auditorías, los cuales contienen observaciones del órgano auditor de este instituto.

 

Al respecto, el titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refrendó el compromiso de la institución para revisar las recomendaciones de la contraloría, renovar sus prácticas administrativas basadas en una planeación estratégica y la modernización administrativa de la autoridad electoral nacional.

 

“Las observaciones plasmadas en los informes de la Contraloría General reflejan el interés de nuestro órgano de control interno para contribuir al mejoramiento administrativo del INE”, dijo.

 

“Y, todas, una a una, las observaciones y los planteamientos de ese órgano, serán revisados con apertura, y con un auténtico compromiso de renovar las prácticas administrativas de esta autoridad electoral”, añadió Córdova Vianello.

 

Destacó que en los informes se hacen algunas consideraciones que deben aclararse, como el hecho de que se incluyen en el mismo remanentes presupuestales de cinco años atrás; es decir, del Instituto Federal Electoral (IFE) y no sólo los dos años de existencia del INE.

 

“Son datos ciertos, sin duda, pero que deben tomarse con una aclaración particular, porque se están confrontando resultados administrativos de dos instituciones distintas, con mandatos constitucionales de magnitudes que no son comparables y con ciclos operativos claramente diferentes”, enfatizó.

 

Además, se incluyen los recursos de los partidos políticos sobre los cuales el organismo electoral no tiene responsabilidad alguna, bajo la lógica de que es presupuesto del instituto.

 

Pero no se toma en cuenta la clasificación del origen de los remanentes que se entregan a la Tesorería de la Federación y se reflejan como disponibles algunos recursos que, sin embargo, fueron depositados en los fideicomisos que legalmente han sido constituidos.

 

De acuerdo con el informe, el organismo electoral incrementó su planta laboral en mil 859 puestos en tan solo tres años, en tanto que tuvo remanentes por un monto de dos mil 817.9 millones de pesos durante cinco años.

 

Conforme a las diferentes auditorías realizadas por la contraloría, se destaca que existieron al menos 103 plazas que pese a estar presupuestadas no fueron utilizadas durante 2015, por lo que se dejaron de erogar más de 19 millones de pesos.

 

En cuanto a plazas de honorarios se identificó que 25 personas que fueron contratadas formalmente en febrero de 2015, comenzaron a percibir sueldos un mes antes, lo que generó un gasto no justificado de 484 mil 652 pesos

 

En el documento de 74 cuartillas concluye que “es la falta de atención en la problemática administrativa así como la ausencia de un proyecto que reestructure en el mediano plazo las dimensiones de la plantilla ocupacional del Instituto Nacional Electoral, la preocupación principal de la Contraloría General en el plano administrativo de la institución”.

 

Además, “no se observó la voluntad de otros meses por construir una ruta de modernización cierta que alcance avances definitivos y ponga solución a los problemas administrativos del INE”.

 

Y, “si bien se reconoce la apertura y la comunicación fluida, cordial y respetuosa con la Contraloría General, ésta no se traduce en avances concretos que transformen administrativamente al órgano electoral nacional”, resalta el Informe de la Contraloría General del INE a cargo de Gregorio Guerrero Pozas. JMS