Calladito, calladito tenía el siguiente asunto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: de 2014 a 2015, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que preside Manuel Hallivis Pelayo, redujo el monto del interés controvertido (valor de la suma de todos los juicios que lleva) de 545 mil millones de pesos a 211 mil millones. O sea, se recuperaron más de 300 mil millones de pesos que estaban “en el limbo”.
Para quienes no lo sepan, el susodicho tribunal es el más importante del país; es un órgano colegiado que recibe, analiza y resuelve todas las demandas de tipo fiscal y administrativo que se presentan en contra de la administración pública federal y fiscal; no es instancia definitiva, de ahí se puede acudir a tribunales y luego hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el Sistema Nacional Anticorrupción se convirtió en un órgano constitucionalmente autónomo, lo que le da fortaleza y completa autonomía.
Lo relevante del asunto es que, por lo menos, la mitad de esos 300 mil millones de pesotes fueron a parar a las arcas del país, aunque nadie sabe en qué los gastó Hacienda. Lo que sí se sabe es que sirvieron para amortiguar el madrazo, perdón, el primer recorte al gasto público que fue de 125 mil millones de pesotes. Según el magistrado presidente Hallivis, este importante logro se debió, entre otras cosas, a la reducción y homologación de plazos, notificación electrónica universal y eliminación de etapas innecesarias del proceso, el menor tiempo de tramitación del juicio contencioso, a las salas regionales y a la creación de salas especializadas en diversas materias, como Comercio Exterior.
Antes de 2014, el monto acumulado de los juicios que llevaba el tribunal (147 mil) se acercó a los 700 mil millones de pesos, que estaban en “el limbo”, ya que duraban años, lustros, décadas (como el de Transportación Marítima Mexicana que exigió la devolución del IVA cuando compró alguna de las líneas del ferrocarril que vendió el Gobierno federal, por citar un ejemplo). Como usted se habrá dado cuenta, en este tribunal se dirimen los “asuntos gordos” promovidos por importantes despachos fiscales, algunos de dudoso prestigio, claro. O sea, son de ligas mayores.
¡Pues que siga la mata dando!
Y ya que hablamos de contribuciones a las arcas del país, hoy se llevará a cabo la licitación pública de los últimos dos ingenios azucareros en manos del Gobierno federal: El Potrero y San Miguelito, misma que a decir de los especialistas será “encarnizada”, pues de los siete interesados que tienen “luz verde” para participar, por lo menos cuatro pondrán “toda la carne en el asador”. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) puso un precio base de poco más de mil 360 millones de pesos por las dos fábricas. Dicen los que saben, que Hacienda podría recibir cerca de dos mil millones de pesos por esta transacción, pues es la última oportunidad para que los productores de “polvito blanco” se hagan de dos factorías.
Agenda previa
Después de dos meses de ardua labor de gabinete, la Policía de Investigación, que comanda Raúl Peralta Alvarado, cateó ocho inmuebles en la delegación Iztapalapa, donde detuvo a 11 integrantes de una banda a la que le decomisaron armas, narcóticos y vehículos. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia capitalina, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, refuerza su compromiso de combatir de manera enérgica a la delincuencia, con el fin de evitar impunidad y salvaguardar la integridad de los capitalinos.