Seguimos revisando las condiciones económicas de estados que tendrán una nueva administración. En esta ocasión analizamos el caso de Veracruz que antes, durante y después del resultado electoral, el tema político ha dominado la agenda y ha venido afectando la confianza para la inversión y el desarrollo del propio estado.
Veracruz cuenta con una población de 8.1 millones de habitantes y ocupa el tercer lugar de habitantes en territorio nacional. Alrededor de un 75% vive localidades urbanas y el 25% en zonas rurales. El promedio de escolaridad alcanza el segundo de secundaria y sólo el 15% ha concluido la educación superior.
En el 2015, el crecimiento de la economía de Veracruz fue escasamente de 0.2% muy por debajo del promedio nacional. La mayor contribución la genera la actividad terciaria con un 58% y la secundaria con un 37%, mismas que crecieron 3.3% y -4.4% respectivamente, por lo que la industria y el comercio dominan en la actividad estatal en un año “perdido” por la falta de confianza de la iniciativa privada, poca capacidad de maniobra del gobierno local, además de las condiciones económicas generales donde el sector energético se ha visto presionado.
Veracruz participa con un 5.1% del PIB Nacional lo que se convirtió en un lastre para el gobierno de Enrique Peña Nieto el año pasado. El ingreso promedio mensual en los hogares del estado asciende a poco más de $10,000 pesos y se ubica en el lugar 29 a nivel nacional. Existe una gran polarización entre los ingresos de la población veracruzana.
El estado tiene una deuda de más de $40,000 millones muy por arriba de los $16,750 millones como promedio nacional. Si dividimos la deuda entre la población local, existe una deuda per cápita de más de $5,000, arriba de los $4,480 del promedio nacional per cápita.
De acuerdo a estas condiciones, la deuda supera en casi un 130% a los ingresos federales que le corresponden, siendo el quinto estado más alto. Incluyendo todos los ingresos, la deuda representa alrededor del 50% del total. Dicha deuda representa más del 5% de su PIB que asciende alrededor de $750,000 millones. El promedio nacional en este rubro asciende a 3.17% como referencia.
Al cierre del 2015, el porcentaje de afectación de las participaciones federales por su deuda contraída es de más del 80% limitando campo de acción para destinarlos a nuevos proyectos e infraestructura que permitan reactivar a la economía.
El plazo promedio de vencimiento de su deuda es de 17 años, por arriba de los 15 años como promedio nacional. Sin embargo, consideramos que debe buscar nuevamente procesos de reestructura y lo que es un hecho, un total tema de “transparencia”.
Así, vemos que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares que tomará el cargo de Gobernador el próximo 01 de diciembre, tiene un tema muy delicado en cuanto a la capacidad de maniobra para reactivar la economía. Requiere brindar confianza a la iniciativa privada que permita diversificar a más sectores en la parte industrial, que es el que representa su mayor peso dentro del PIB.