A poco más de dos años de que el gobierno federal intervino a Oceanografía por un fraude millonario en contra de Banamex, el juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México declaró en quiebra a la empresa, al vencer el plazo de conciliación con sus acreedores.
 
“Con esta fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis se declara de plano en estado de quiebra a la concursada Oceanografía, sociedad anónima de capital variable, por encontrarse en la hipótesis prevista por la fracción II, del artículo 167 de la Ley de Concursos  Mercantiles”, menciona la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura.
 
Al emitir el fallo en el concurso mercantil 265/2014, el juzgado designó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como síndico conciliador para iniciar el proceso de quiebra, pagar a los empleados, así como los adeudos que se tengan.
 
“Se ordena a las personas que tengan en su posesión bienes de la quebrada que los entreguen al síndico. Lo anterior incluye a depositarios de bienes embargados y a los designados en su caso en providencias precautorias”, menciona la sentencia.
 
El juez ordenó tramitar la publicación de un extracto de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en un periódico de mayor circulación nacional que él elija, para lo cual debe elaborar los edictos conteniendo dicho extracto, así como los oficios correspondientes en un plazo de cinco días.
 
En enero pasado, un juez federal aprobó un convenio para reestructurar la deuda de la compañía, para lo cual se necesitaban al menos 76 millones de dólares de capital para llevar a cabo el rescate. Sin embargo, al vencer el plazo, la empresa fue declarada en quiebra.
 
En febrero de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó la demanda de concurso mercantil, luego de que el 28 de febrero el Ministerio Público presentó los elementos suficientes para comprobar que Oceanografía defraudó a Banamex con 400 millones de dólares, y evitó realizar pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que puso en riesgo los contratos que suscribió con Petróleos Mexicanos y colocó en una situación vulnerable el trabajo de más 11 mil empleados. | DEC