La nueva Constitución de la Ciudad de México, cuya elaboración está en fase de articulado, incluirá varias novedades en materia laboral que, inicialmente, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, con el objetivo de que puedan ser un ejemplo para el resto de las entidades e incluso sirvan en la aplicación de políticas a escala nacional, señaló Amalia García, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX.
Entre los beneficios que tendrán los cerca de 300 mil empleados del Gobierno, de ser aprobados por la Asamblea Constituyente, está la implementación de jornadas laborales no mayores a 40 horas semanales, empleos home office, licencias de paternidad y, entre las más importantes, el aumento al salario mínimo.
En una entrevista con 24 HORAS, la funcionaria señaló que la Constitución local buscará, en primera instancia, que se reconozca al trabajo como un derecho humano, con lo que la Carta Magna sería pionera en ese sentido. Además, se busca que el documento que regirá a los habitantes de la capital mexicana promueva la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Ahí se incluiría, para los burócratas de la administración local, el límite de 40 horas a la semana y con menos horas los viernes, buscando que los trabajadores salgan a las 15:00 horas.
También para los trabajadores de la administración capitalina, el salario mínimo quedaría por encima del que se aplica actualmente a nivel nacional, garantizando a todos el derecho a la seguridad social.
Cabe destacar que, aunque el Gobierno local no puede imponer condiciones de aumento de salario mínimo a la iniciativa privada, sí podrá generar incentivos para que las empresas adopten las políticas de la administración local.
En ese sentido, detalló que hay un proceso (que empezó desde marzo del año pasado) para emitir una denominación de Proveedor Salarialmente Responsable, a través de la Oficialía Mayor, a todas las empresas contratadas por el Gobierno. De esta manera, sólo se podrán inscribir las compañías que garanticen seguridad social a sus empleados y un pago mayor al salario mínimo.
“Una decisión que ha tomado el doctor Mancera, y que además forma parte de la opinión de académicos, es que la Constitución diga que tanto el Gobierno de la ciudad como los de las alcaldías sólo realizarán contratos con empresas que apliquen en sus relaciones laborales los principios de trabajo y salario digno establecidos en esta Constitución”, dijo.
Esta condición orillaría a las empresas a mejorar sus condiciones para ganar contratos y, una vez obtenidos, se someterán a inspecciones laborales. Quien no cumpla con los requisitos, se le rescindiría el contrato.
En cuanto a los beneficios para los ciudadanos capitalinos, la propuesta también busca elevar a rango constitucional lo programas de capacitaciones para el primer empleo, el seguro de desempleo y el reconocimiento de las trabajadoras del hogar.