ANKARA. Ocho mil 777 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la policía y la Gendarmería, han sido destituidos. Otros mil 500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios, acusados de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el predicador al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonad.
En esa lista no se cuentan los siete mil 543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004.
La UE advirtió que ningún país en que se ejecute la pena de muerte puede entrar en la Unión Europea.