El próximo 18 de junio entrará en vigor la reforma en materia de justicia penal, aprobada en el 2008, y especialistas en el tema reprocharon a los senadores que los primeros en incumplir con el plazo legal han sido ellos, al no avalar las reformas que tienen pendientes y para las cuáles todavía no hay fecha de dictaminación y mucho menos de aprobación en un periodo extraordinario.

 

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Carbonell Sánchez, destacó que la reforma de 2008 es amplia y omnicomprensiva: “Se trata de la reforma más profunda y ambiciosa de la justicia penal de los últimos cien años”.

 

No obstante acusó: “Vamos a llegar al 18 de junio sin tener el edificio normativo construido. Y es lo más fácil. Perdónenme, pero aprobar leyes en este país es lo más fácil. Lo más difícil es ejecutarlas, es llevarlas a la práctica”.

 

Carbonell Sánchez afirmó que se cumplirá el plazo sin la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, sin la reforma a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, sin el Código Único en materia de Justicia para Adolescentes. “La parte estrictamente normativa nos la quedaron a deber legisladores y legisladoras de este Senado de la República. Violaron la Constitución, nos fallaron a la ciudadanía”, enfatizó.

 

Durante la inauguración del simposium Reforma a la justicia penal: cuando los transitorios nos alcancen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez reconoció que “es mentira que el país vaya a ser otro” a partir del 18 de junio, y advirtió que la reforma de justicia penal es una de las más profundas y, por este carácter, necesariamente tiene que enfrentar una gran cantidad de obstáculos.

 

En tanto, el secretario de la Mesa Directiva, el senador del PRD Luis Humberto Fernández Fuentes, consideró que la reforma no da la certeza de que en nuestro país vaya a haber más justicia.

 

“El tema de fondo es cómo hacemos que esta reforma no se convierta en un agente de la injusticia y cómo logramos un equilibrio entre los derechos humanos ya ganados contra una operatividad de un Estado”, señaló el legislador.

 

Destacó que del 2008 a la fecha se ha alertado sobre la falta de condiciones mínimas y las capacidades que se requieren a nivel de nuestras instituciones para ir teniendo ya resultados.

 

El senador Fernández Fuentes reconoció que este es un proceso joven, que necesita estabilizarse, desarrollarse y madurar, “no es un proceso fácil”, indicó.

 

El director de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), Alejandro Encinas Nájera, dijo que la reforma representa un cambio de paradigma en la impartición de la justicia criminal en México.

 

A 37 días de que comience su operación formal en todo el país, añadió, esta reforma establece el tránsito de un modelo inquisitivo mixto a uno de carácter acusatorio, en cuyo núcleo se encuentra la protección de los derechos humanos.  av / dmh