The New York Times, el periódico más influyente del mundo, ha publicado uno de los editoriales más duros, que recordemos, en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.

 

Su texto tiene como punto de partida el segundo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la actitud asumida por el gobierno mexicano ante la investigación que este equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

“México huye de la verdad” o “México rehúye la verdad” –cualquiera de las dos traducciones es válida- es el título que el diario estadunidense da a su editorial y que sintetiza claramente lo que líneas abajo expone.

 

¿Qué sostiene el argumento del NYT?

 

Segundo_Informe_GIEI-5Precisamente la actitud asumida por funcionarios del gobierno mexicano para obstaculizar la investigación del GIEI luego de que en su primer informe discrepó de la llamada “verdad histórica” que estableció Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República.

 

Distanciamiento que culminó prácticamente en ruptura (muy a la mexicana): anunciando el gobierno mexicano desde semanas atrás, unilateralmente, que se acababa el plazo para el GIEI y no habría prórroga; y rematado de manera elocuente con la ausencia de las autoridades mexicanas a la presentación del II Informe el domingo pasado.

 

Concluida la exposición del documento en el Claustro de Sor Juana, sin que hubiera un solo funcionario del gobierno mexicano para recibirlo, el Presidente de la República despediría a los expertos por tuit una hora después de culminado el evento con un:

 

“La @PGR_mx analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.

 

En cambio, el gobierno estadunidense, a través de un comunicado del Departamento de Estado, felicitaría con todas sus letras a la CIDH y a los expertos del GIEI “por su trabajo y por la asistencia que ha proporcionado a México y a los familiares de las víctimas en su trabajo para resolver este trágico caso”.

 

Desde ahí quedaría más que clara la reacción tan distinta del gobierno mexicano y la de Estados Unidos.

 

Y The New York Times, que ya unos días antes –el sábado pasado, en su edición en inglés- había publicado como nota principal las obstrucciones que padeció el GIEI a su investigación, no tardaría en recoger el tema, revisar el Informe Ayotzinapa II y plasmar su posición en un rotundo editorial en el que destaca:

 

-La credibilidad de la actual administración está “socavada”.

 

-El sistema de justicia de México es “notoriamente corrupto y a menudo brutal”.

 

-No extender la permanencia del GIEI, a pesar de la petición de los familiares de las víctimas, muestra la falta de voluntad política y la “insensibilidad con los ciudadanos”.

 

Hasta ahí las principales críticas del NYT.

 

Ahora bien, valga la pregunta, ¿tiene razón el diario estadunidense en afirmar que “México rehúye la verdad” y que ha faltado voluntad política para resolver el caso Ayotzinapa?

 

Durante meses hemos tocado ese punto con especialistas mexicanos en investigación criminal y expertos en seguridad nacional, y nos han dicho algo muy semejante: “Sólo hace falta voluntad (política) para saber qué ocurrió esa noche”.

 

Hay tanta gente involucrada –apuntan-, que sería muy fácil descubrir lo que sucedió con los normalistas si en verdad se quisiera.

 

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La devoradora de la PGR.- Es difícil que de la Procuraduría General de la República alguien salga bien parado. Este ciclo que se cierra con el II Informe del GIEI deja a varios personajes en la picota.

 

El primerísimo, el ex procurador Jesús Murillo Karam. Lo menos que se puede decir de él es que su llamada “verdad histórica” fue desmantelada. Falta ver ahora si no hubo de su parte, por lo menos, negligencia en la investigación.

 

Luego, Tomás Zerón, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Su caso es tanto o más grave luego del video que presentó el GIEI exhibiéndolo en el río San Juan, ocultando la diligencia –eso ya es de por sí un ilícito- y manipulando pruebas.

 

Pero no son ni serán los únicos.

 

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GEMAS: Obsequio de Francisco Cox, miembro del GIEI: “El Estado debe preguntarse por qué 12 personas pudieron avanzar más que una institución. Faltó voluntad del Estado”.