Luego de un amplio debate, el Senado de la República exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) agilizar las investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de combustible detectadas en distintas entidades federativas, además de sancionar a los responsables conforme a derecho.
También, solicitó al gobierno de Puebla, a la Fiscalía General del Estado y a la PGR un informe sobre el avance de las indagatorias relacionadas con bandas dedicadas al robo de combustible, y coadyuve con los municipios y la Federación para prevenir y erradicar este ilícito, en particular en aquellos casos en los que se presente la participación de servidores públicos.
Del mismo modo, pidió al Sistema Nacional de Seguridad Pública información sobre las acciones realizadas por cada entidad federativa para prevenir y combatir el robo de combustibles, y a Petróleos Mexicanos un reporte respecto a lo que está realizando esta empresa con relación con este fenómeno.
El senador del PRI, Ernesto Gándara Camou dijo que entre 2012 y 2015 se detectaron en México más de dos mil tomas clandestinas, lo que resulta preocupante porque algunas de ellas provocaron diversos accidentes que pusieron en riesgo la integridad y patrimonio de los ciudadanos y generaron daños al ambiente. Y agregó que el mercado ilícito de combustibles, genera pérdidas por más de 40 mil millones de pesos.
Señaló que durante la actual administración de Puebla, el robo de combustible se ha incrementado de manera exponencial y “las tomas clandestinas en el estado se incrementaron en casi mil 600 por ciento al pasar de 49 en 2010 a 825 para el cierre de 2015”.
Al respecto, el senador panista, Javier Lozano Alarcón consideró necesario que se investigue este delito en todo el país, pues “de un año para otro se disparó 51% el número de tomas clandestinas en ductos de transporte de crudo, destilados y gas licuado de petróleo”.
Destacó la importancia de que el tema no se vea afectado por motivos electorales, toda vez que el problema se registra en diversas entidades federativas como Tamaulipas y Guanajuato, y en estados donde la delincuencia organizada se ha incrementado sin control.
Mientras, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta enfatizó que el robo de combustible es del orden federal, está vigente en muchas zonas del país y es materia de investigación de la Procuraduría General de la República.
Desde su escaño, el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, manifestó que en Puebla “es un escándalo”, pues en carreteras se vende el combustible extraído de manera ilícita y “no hay la menor duda de que hay una brutal corrupción en todos los niveles de gobierno”.
Consideró que no se puede liberar a los gobernadores de esta responsabilidad. No se trata, agregó, de un tema electoral sino de responsabilidad política: “un escándalo como el que tiene Moreno Valle en el estado, debería ser un problema de Moreno Valle, aunque sea federal”.