Falta de controles de evaluación y certificación, lagunas legales, inexistencia de un registro confiable y permisos engorrosos son los elementos que favorecen la ilegalidad en la industria de escoltas y seguridad privada en México.
En la Ciudad de México, legisladores del PAN y el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, iniciaron ya trabajos para regularizar y contabilizar a miles de empresas y personas que ofrecen estos servicios sin regulación o los permisos correspondientes.
A la fecha no existe ninguna base de datos del número de empresas y elementos de seguridad que ofrecen este servicio, pues incluso hay quienes se dicen escoltas y no cuentan con permiso para portar un arma.
“La intención es meter en la Ley a los que nos están regulados. Atender la necesidad de las personas que no están en la regulación y se hacen llamar escoltas y brindan el servicio de manera personal. Queremos regular que no cualquier persona o cualquier chofer se haga llamar escolta, y no hay ninguna base de datos, no hacen ningún tipo de capacitación y pues no cuenta con la portación de arma”, aseguró el diputado, Gonzalo Espina Miranda (PAN), presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En entrevista con 24 HORAS, el legislador blanquiazul apuntó que el proyecto que se impulsará en el segundo periodo de la legislatura, que inicia el 15 de marzo, creará una base de datos de cuántas personas se dedican a esta actividad, y además que cuenten con la capacitación, “en estos días estamos viendo quiénes hace esa certificación para que puedan brindar este servicio, ya existe la portación de arma en otras dependencias, lo que vamos a buscar regular es los que se hacen llamar escoltas y no lo son”.
Espina Miranda advirtió que actualmente hay empresas de seguridad privada que ofrecen el servicio de escolta pero no están reguladas, y en contraparte hay quienes ejercen esa labor de forma certificada como por ejemplo la Policía Bancaria Industrial o los Cuerpos de Guardias Presidenciales, que son elementos que sí están capacitados y cuentan con los permisos de portación de arma.
“Obviamente los elementos de escolta tienen que contar con un perfil, al dedicarse a salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, de entrada no contar con antecedentes penales, tienen que tener ciertas aptitudes y acreditar exámenes físicos y mentales, debe haber una regulación estricta para evitar casos como el que le suscitó al city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen Haag.
La semana pasada, el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera se pronunció por la urgente regulación de los cuerpos de escoltas, ante las irregularidades desprendidas de esa carencia; el hecho, luego de que Arne aus fuera agredido por guardaespaldas del director de Grupo Miled, Raúl Libien.
“No queremos más vehículos simplemente negros sin placas o con alguna placa que no sea visible, elementos que traigan armas y que no traigan (permiso de) portación, vamos a regular, nos vamos a meter en serio en este planteamiento”, subrayó el mandatario capitalino.
Muchas lagunas
Para el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (CONESPRYSIR), Arnulfo Garibo Ramírez, la obtención de permisos para la regulación y operación de empresas de seguridad privada, incluyendo el servicio de escolta, resultan por demás complicados, obsoletos y costosos, aunado a que los lineamientos de reclutamiento resultan discriminatorios.
“La ley de seguridad privada tiene muchas lagunas, no obstante con permiso federal no sirve para trabajar en ningún estado si no se obtiene el permiso del estado, eso nos complica porque encarece la legalización de las empresas, hay que pagar en 32 estados incluyendo la Ciudad de México, no es un situación lógica jurídicamente, es una doble tributación.
Aunque actualmente son mil 31 empresas de seguridad privada que cuenta con el permiso del gobierno para realizar esa función, según la Dirección General de Seguridad Privada, Garibo Ramírez apunta que las llamadas “empresas patito” cumplen con las normas de operación, como su alta de hacienda, paga su nómina, paga sus guardias, pero al no tener el permiso local o federal se catalogan como no reguladas.
Y es que la Ley como está en vigencia establece que cuando una empresa opera en dos o más estados deberá obtener su autorización por parte de la Subsecretaria de Gobernación, y para operar en una sola entidad deberá tener el registro de la unidad administrativa de la que dependa, para dicho proceso los gestores cobran entre 25 y 30 mil pesos por tramitar un permiso, independientemente del cobro del manual de operaciones, el equipamiento, la certificación, etc., indicó a este diario.
Reclutamiento
Otras de las deficiencias que enfrentan las empresas para regular el sector son los obsoletos criterios de reclutamiento, pues personas con experiencia en el ramo se ven impedidos de trabajar ante “la falta de sensibilidad de los legisladores”.
“Te exigen la cartilla del servicio militar liberado, el certificado de secundaria, y eso complica el reclutar personal para empresas de seguridad privada, por ejemplo no puede ser posible que alguien que no tenga esos requisitos no pueda trabajar porque esto te manda a los brazos de la delincuencia organizada o al narcomenudeo (…)
“Es parte de ese error de los asambleístas que no tienen esa sensibilidad para que crear normas o leyes que sean adecuadas a la necesidades del mexicano, hay personas que tiene 50 años, que no fueron a la escuela, y no tiene cartilla pero que en el mercado de la seguridad privada son funcionales, gente con experiencia, muy responsable pero que no está contemplado para desempeñar esa labor”.