El éxito de la tercera licitación de la Ronda Uno será evidente hasta que los ganadores de los 25 campos petroleros asignados la semana pasada formalicen a principios de mayo próximo la firma de los contratos. De acuerdo con analistas, existe el riesgo de que algunas “se echen para atrás” al considerar el bajo margen de ganancia que podrían obtener en algunos casos.

 

Esto, debido a que el pago que ofrecieron las empresas al Estado fue muy alto. Un ejemplo es el campo Moloacán, por el cual el consorcio liderado por la holandesa Canamex Dutch deberá pagar 92.5% de los ingresos obtenidos: 85.69% qué ofreció el grupo más 7% de la regalía obligatoria establecida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

 

Considerando un precio para el barril de petróleo a 50 dólares, la empresa sólo se quedaría con regalías de 7.5%, “es decir, como cuatro dólares”, según señaló Alfredo Álvarez, socio líder del sector energético de la consultora Ernst & Young (EY).

 

La extracción eficiente de petróleo en este tipo de campos cuesta ocho dólares, por lo que habrá empresas que perderán cuatro dólares por cada barril producido.

 

Sin embargo, al tomar en cuenta el precio actual del crudo, algunas petroleras se quedarán con dos dólares de ganancia, es decir, sus pérdidas alcanzarían seis dólares por cada tonel.

 

Aunado a lo anterior y a diferencia de los primeros dos procesos, en esta ocasión las empresas no podrán descontar lo que cuesta sacar cada barril de petróleo del precio final que pagan al gobierno.

 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) estableció que si alguna empresa ganadora no firmar el contrato tendría que pagar una multa, conocida como garantía de seriedad de 65 mil dólares para los 21 campos que tienen un potencial menor de 100 millones de barriles de petróleo; en tanto, para los cuatro campos con más de 100 millones de barriles, la multa sería de 250 mil dólares.

 

De acuerdo con Miriam Grunstein, especialista del sector energético de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), un segundo riesgo es que una vez que las empresas firmen los contratos, no cumplan con sus promesas de inversión, aunque para este caso no existen sanciones previstas por las autoridades federales.