La semana pasada leí una lamentable noticia publicada por The Guardian, en la cual se alertaba que las autoridades de Botswana vendieron permisos para realizar fracking en el parque nacional de Kgalagadi. El proceso no ha comenzado, pero de llevarse a cabo la extracción de gas esquisto, mejor conocido como shale, el impacto ambiental en el parque sería devastador.
Esta nota me hizo reflexionar sobre lo que yo considero una incoherencia muy a la mexicana. Por un lado, México presume ocupar la sexta posición en reservas de gases shale, un polémico hidrocarburo cuya extracción implica, básicamente, la devastación ambiental. Asimismo, la extracción se facilita con la inversión extranjera, posible gracias a la reforma energética. Por otro lado, la semana pasada se aprobó la Ley de Transición Energética.
Esta Ley se aprobó en el marco de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas en París, mejor conocida como COP21, que se celebra entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. A esta reunión asisten 190 países, incluyendo los mandatarios de las principales potencias, Xi Jingpin de China, Barack Obama de Estados Unidos y Narenda Modi, Primer Ministro de India. Estos tres países también son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias directamente culpables del efecto invernadero.
El objetivo principal detrás de la cumbre es que cada país ofrezca un esfuerzo individual para que, colectivamente, se reduzca la huella de carbono en el mundo, en lugar de pedirle a naciones económicamente dispares que reduzcan sus emisiones de manera paralela.
Así, Estados Unidos se compromete a reducir sus emisiones en 28%, comparado con sus emisiones del 2005; Brasil reducirá sus emisiones en 37% para el 2025. Rusia, Malasia y la Unión Europea ofrecen cifras similares.
A la reunión también asistió el Presidente de México Peña Nieto. Nuestro premier ofreció reducir las emisiones en un 25% antes del 2025. Es una propuesta realmente audaz y prometedora, que sorprende a grupos ambientalistas mexicanos y extranjeros por igual. La oferta ambiental mexicana se sustentó en la anteriormente mencionada Ley de Transición Energética.
La Ley propone una paulatina diversificación de fuentes energéticas, con el fin de reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles. Para 2025, se prevé que esta iniciativa reducirá entre 80 y 100 millones de toneladas de CO2, un crecimiento del PIB de 45 mil millones de dólares y generará 180 mil nuevos empleos.
De igual forma, la Ley establece que las empresas con altos índices de consumo de energía eléctrica deberán adquirir certificados que demuestren que sus fuentes energéticas son, al menos en un megawatt por hora, provenientes de fuentes limpias. A esta propuesta deberán someterse empresas públicas, especialmente la Comisión Federal de Electricidad, así como empresas privadas.
Este último supuesto comprueba que, por su gigantesca carga económica, la politización del medio ambiente es inevitable y la Ley de Transición Energética no está exenta de polémica. Un grupo de industriales mexicanos, aglutinados bajo cámaras como Canacintra, Canacero, Canaintex, entre otras, firmaron un desplegado en el que consideran que esta legislación afecta directa y gravemente la competitividad de México y que estos compromisos están muy por encima de sus principales competidores. Pidieron al Congreso reconsiderar las piedras angulares de la Ley, de manera que no afecte económicamente a la industria pesada, especialmente la industria acerera y eléctrica.
Recordemos que las cámaras que conglomeran a los industriales que rechazan la puesta en práctica de esta ley son importantísimos poderes de presión para el Congreso.
Ante esta situación, no queda más que reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestro país. Como mencioné, es un tanto incoherente que una ley emanada de la Reforma Energética proponga una transición hacia la dependencia en energías limpias. Por otro lado, creo que se debe de aplaudir que nuestros legisladores comprendan el riesgo que implica el calentamiento global y que México indudablemente puede ayudar a amagar el problema.
La Ley está siendo actualmente revisada por la Cámara baja para diversos cambios menores, en cuestiones de redacción y terminología. Sin embargo, es ahora el momento en el que el fondo de la Ley pueda ser alterado por presiones externas, como las cámaras industriales. Estaremos pendientes del resultado final.