A nueve meses de vencerse el plazo para la complementación de la reforma sobre transparencia y acceso a la información, el Senado someterá a discusión y votación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los ordenamientos pendientes en esta materia.
Previo aval de las Comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, el Pleno camaral buscará concluir el trámite de esta ley que tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales.
Ayer, los integrantes de las citadas comisiones avalaron el proyecto y determinaron que todo solicitante o podrá tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, a fin de que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
Establecieron que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Sobre este particular se determinó que la clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.
En cuanto a los deberes de los sujetos objetivos, se determinó que estos tendrán la obligación de contar con Comités y Unidades de Transparencia; además de que deberán mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental para la posterior consulta pública.
Facilita mecanismos
Al discutir el proyecto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, afirmó que con este proyecto se facilitarán los mecanismos de acceso a la información.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, subrayó que con este ordenamiento se establecen 79 obligaciones al Poder Ejecutivo federal; 23 al Poder Legislativo federal; 8 obligaciones al Poder Judicial de la Federación; 85 a distintos organismos autónomos federales y 77 a sujetos obligados en materia energética.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, agregó que el trabajo en comisiones logró establecer con claridad las obligaciones comunes y específicas de todos los sujetes obligados, no obstante puntualizó que se requiere revisar las facultades y competencias del consejero jurídico de la Presidencia de la República, a fin de evitar mayores restricciones en las reservas de información, así como la periodicidad para la entrega de información respecto a la participación del gobierno mexicano en los distintos organismos multilaterales.