La empresa Alta Grupo sigue sin cumplir compromisos con sus clientes, pues todavía no inicia la asignación de Certificados de Participación Ordinaria (CPO), que garantizan a sus inversionistas la devolución de sus inversiones en cinco años, cuya asignación debió iniciar el pasado jueves 5 de noviembre, comentó un contador público que funge como representante legal de algunos clientes.
Esto ocurre después de que Luis López Panadero y Salvador Abascal, dueños del grupo, sostuvieran una reunión con sus inversionistas para explicarles la situación de la empresa, en la que reconocieron que “todas las empresas que lo integran están quebradas”, señaló el apoderado que pidió anonimato para proteger los intereses de sus representados.
Las declaraciones de los empresarios, sumadas a que la reunión se realizó en unas oficinas rentadas en el piso 16 de la Torre Mural, “que parecían un centro de telemarketing desmantelado” apuntan a que el grupo carece de activos para responder a los clientes, dijo.
Los inversionistas de las filiales de telefonía y tiendas de conveniencia pueden iniciar procesos mercantiles contra la empresa, pues existe incumplimiento de contrato, aunque no representaría una solución de fondo, pues “no existe nada que se les pueda embargar”, afirmó.
Alta está conformada por las empresas Alta Telefonía, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Alta Servcios Financieros, así como las tiendas de conveniencia Mambo.
Cadena de desastres
De acuerdo con el testimonio, los dueños señalaron que la inestabilidad en la Sofipo, que al cierre del segundo trimestre del año operó en quiebra técnica, se debe a la liquidación de Ficrea.
“Dijeron que la quiebra de Ficrea provocó que la gente no tenga confianza, pues sus inversionistas no han aportado dinero para realizar préstamos y, supuestamente, hay otra Sofipo (dentro del grupo) que tiene el capital, pero no la cantidad de clientes, aunque no precisaron el nombre. Hablaban de una fusión de las dos, pero no de una venta de Alta Servicios Financieros”, comentó.
Abundó que para capitalizar a la empresa se vendería el negocio de las tiendas de conveniencia, pues la mayoría de los puntos de venta está en Los Cabos, Baja California y fueron afectados por el paso de huracán Odile y no se han podido recuperar porque los seguros no han respondido como debían.
En materia de servicios de telefonía pública, refirieron que la reforma de telecomunicaciones afectó el rendimiento del ramo, pues la mayor parte de sus ingresos provenía de la larga distancia.
Mientras que las casetas telefónicas, especializadas en brindar servicios de recarga de telefonía celular, tuvieron problemas en la proveeduría del saldo con Telcel, lo que afectó la actividad de este sector.
Precisó que como solución a largo plazo, Alta Grupo se quedará sólo con las casetas telefónicas con el objetivo de regresar el dinero a sus clientes en un plazo de cinco años.
Designan a síndico para caso Ficrea
El juez federal a cargo de la quiebra de Ficrea aprobó el nombramiento del síndico responsable de liquidar los activos de la sociedad financiera popular (Sofipo).
Guillermo Campos, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, aprobó la designación del abogado Javier Navarro Velasco, propuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a más de un mes de que se declaró la quiebra.
Con el nombramiento de Navarro Velasco continuará el desahogo del concurso legal iniciado por la propia Ficrea, que se declaró en quiebra hace unos meses.
Navarro labora para el despacho multinacional Baker and Mckenzie directamente en la filial que tiene la firma en Monterrey, Nuevo León; fungió además como síndico conciliador en el concurso mercantil iniciado por la empresa Vitro, juicio a partir del cual se realizó una reforma a la Ley de Concursos Mercantiles, que tuvo como resultado el evitar que firmas subsidiarias puedan votar la aprobación de reestructura de sus matrices.
En el caso de Ficrea, el proceso será largo y complicado para liquidar los activos de la Sofipo, que según la sentencia de quiebra ascienden a 627 millones de pesos, para ir pagando lo más posible a cuatro mil 327 acreedores de la Sofipo defraudada por su fundador, Rafael Olvera Amezcua, a los que se deben cinco mil 556 millones de pesos.