En los últimos años han proliferado las Asociaciones Público Privadas, como un método para que, sin gasto gubernamental, se puedan prestar servicios o atender necesidades del sector público. Las APP sirven en casi cualquier materia en la que participe el gobierno.

 

Una de las APP más comunes son las plantas de tratamiento de agua: un inversionista privado la instala, procesa el agua y al final del periodo convenido puede entregar la planta al gobierno o desmantelarla si terminó su vida útil. El gobierno, en este caso, no asume el riesgo de una mala gestión de la planta, sólo compra volúmenes de agua a un determinado precio y calidad.

 

Un error común con las APP es confundirlas como un método de financiamiento. Las APP son mucho más que simple deuda. Las APP son un método de administración del riesgo. Por ejemplo, procesos administrativos complicados para la adquisición de los insumos de una planta de tratamiento de agua podrían afectar su operación por el gobierno. Si sólo se tratara del financiamiento, hay otras formas de conseguir un crédito; pero cuando se trata de resultados, alguien tiene que administrar el riesgo inherente a la operación.

 

Uno de los proyectos de APP que se discute hoy día en la Ciudad de México es la renovación de la Avenida Chapultepec, mediante la construcción de áreas comerciales y un parque elevado. No argumentaré si el parque elevado es bueno o malo en términos de urbanismo, sólo diré una cosa: es malo en términos de administración del riesgo.

 

Existe un terreno de 9 mil metros cuadrados en el que habrá un centro comercial de unos 23 mil metros de locales que pagarán la construcción, mantenimiento y operación del parque elevado durante 40 años. El inversionista espera que la zona comercial sea rentable y así ofrecer tanto el área de parque público como una contraprestación económica al Gobierno del Distrito Federal.

 

Si quiero arreglar la avenida, puedo contratar un crédito, pero esto tiene dos inconvenientes: eleva la deuda pública y no garantiza que Chapultepec se mantenga en buenas condiciones los siguientes años. Una APP me permite garantizar las buenas condiciones de Chapultepec. Hasta ahí la decisión parece la adecuada.

 

Los problemas, en términos de riesgo, son mayormente dos:

 

Uno. Si no tengo referentes de parques públicos elevados construidos (no reciclados, como el Highline de Nueva York), mi innovación representa el primero de los riesgos: comprometer 40 años, sin incluir los costos inherentes a la demolición, es el primer gran riesgo mal administrado.

 

Dos. Un parque público es un espacio de libertad en el que los individuos pueden hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. El mayor riesgo que tengo en un parque cuyos accesos serán acotados, al ser elevados, es que se desempeñe con las reglas de centro comercial. El riesgo es que las garantías individuales se subordinen a reglas privadas, cuando la función del estado es garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, el mejor administrador de ese riesgo no es un socio privado, es el estado mismo.

 

Independientemente de las dudas que “Shopultepec” genera por sí mismo, el proyecto es un fiasco en términos de administración del riesgo. Todos los riesgos se los queda el gobierno o la sociedad, los beneficios principales son para el inversionista, sin que estén claros los incentivos que tendrá este para un buen desempeño.