Óscar Lozano Chávez, propietario de Prokarne, así como cinco de sus trabajadores fueron enviados a la cárcel de manera preventiva, luego de ayer presentarse a la audiencia inicial por el caso de la explotación de 307 personas en las granjas de la compañía.
Ayer cerca de las 11:00 horas, Óscar Lozano Chávez, Pedro Cisneros Rodríguez, El Inge Roberto Martínez García, Juan Gerardo García, Blas Hernández y Roberto Olivo fueron presentados en la sala número 9.
La audiencia fue a puerta cerrada, ya que así lo consideró el juez que lleva al caso al estimar que un sector de los afectados eran menores de edad.
La audiencia tuvo que ser suspendida momentáneamente durante la mañana, luego que la defensora de oficio de los imputados señaló que dos de ellos se expresan en náhuatl.
Las autoridades le siguen el proceso 108/2015, según informaron fuentes cercanas a las investigaciones.
Raúl González, agente del Ministerio Público con destacamento en Ramos Arizpe, se mostró sorprendido y argumentó que no sabía los dialectos que hablan los imputados y refieren que en las declaraciones a las que fueron sometidos fueron en español y no hubo problema.
Destacó que en el expediente existen un total de 307 denuncias, de las cuales 57 de ellas aparecen menores de edad como afectados. Para no ponerlos más en riesgo o ante el temor de sufrir represalia, el titular de la corte reprogramó la conferencia a las 15:30 horas, donde advirtió que no se dará acceso al público ni a medios informativos, solo se dio libre acceso a los representantes de la PGJE, y tres defensores.
Cerca de las 23:00 horas, la audiencia concluyó llegando al punto de que los imputados se mantengan en prisión preventiva.
Hoy continuará el proceso.
Siguen los operativos
Por u parte, el Gobierno de Coahuila continúa sobrevolando algunos ranchos de la entidad y realizando inspecciones para limpiar por completo al estado de la explotación laboral y trata de personas, delitos que pudieran configurarse, explicó el secretario de Gobierno, Víctor Zamora.
De acuerdo con el Secretario de Gobierno, el tema laboral de las personas rescatadas de ranchos en Coahuila se está subsanando con la liquidación de los días trabajados a los jornaleros.
Sin embargo, en la parte penal, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) ha iniciado averiguaciones para deslindar responsabilidades.
“En cuanto lo legal la Procuraduría de Justicia primero integró una carpeta de investigación y ahorita ya tiene una averiguación y ellos están valorando cuáles son los delitos que ahí se configuran. Uno puede ser trata de persona, y otro puede ser explotación laboral”, señaló al respecto Víctor Zamora Rodríguez.
La Secretaría del Trabajo ha encabezado reuniones, dijo, para que se haga el pago de la liquidación a los jornaleros menores de edad.
Los helicópteros, señaló Zamora, están sobre volando toda la entidad, principalmente en los ranchos, para verificar que no existan más personas laborando sin la debida protección de la Ley.
“Se acababa de realizar una revisión y no habíamos encontrado nada, pero con esto estamos revisando todo. Un helicóptero está en estas acciones y otro está en el combate a la delincuencia”, señaló.