Si el proyecto de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk no estuvo exento de fallas en la obra civil, tampoco se salvó de tener anomalías administrativas, según revela una auditoría hecha a la Autoridad del Espacio Público (AEP) en la Cuenta Pública 2013, cuando el titular era Eduardo Aguilar.
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) presentada en julio pasado, detectó por ejemplo que la AEP incumplió con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas debido a que no determinó el monto relativo a los ejercicios en algunos contratos bianuales, entre ellos el de Masaryk.
Entre los 15 contratos auditados por la ASCM se encuentra el de la “Supervisión del Proyecto Integral de la rehabilitación del Corredor Urbano Presidente Masaryk”, con un monto de 151 mil pesos.
En la auditoría de obra pública AOPE/110/13 se halló también que la AEP no hizo uso de las bitácoras electrónicas para diversos contratos, entre ellos el de supervisión de la rehabilitación de Masaryk.
Con esa falta contravino lo establecidos en el artículo 122 de la mencionada ley que dispone lo siguiente: “el uso de la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica”.
En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación también encontró anomalías por 537 mil 713 pesos en el proyecto de Masaryk, luego de que no se comprobaron rendimientos financieros por la cuenta donde se depositó el recurso de origen federal.
Parte de los 487 millones de pesos que se invirtieron en el proyecto de rehabilitación de Masaryk provinieron del Fondo Metropolitano del Valle de México, otro tanto de recursos locales y la mitad supuestamente por parte de los propietarios de los establecimientos, pero se desconoce si realmente aportaron dinero.
De su lado vecinos inconformes con la obra, agrupados en La Voz de Polanco, señalaron el domingo pasado que pedirán una auditoría externa a la rehabilitación de Masaryk ya que consideran que la inversión de casi 500 millones de pesos fue desproporcionada.