El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, reconoció que su administración se ha visto rebasada para resolver el conflicto con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues no tiene dinero para mejorar la infraestructura escolar, policías para controlar los actos vandálicos durante las manifestaciones, ni el apoyo del Congreso local para armonizar las leyes locales a la reforma educativa.
Durante la reunión de la primera mesa intergubernamental con la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, Cué Monteagudo señaló que la disidencia magisterial se ha apropiado del diseño, operación e implementación de la política educativa en la entidad, controlando a la autoridad educativa local: el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Además, como resultado del pago de salarios y prestaciones extraordinarias a la Coordinadora (como el pago de 120 días extras al año y la entrega anual de electrodomésticos), el gobierno estatal tiene un déficit presupuestal de 2 mil 159 millones de pesos, además de seis mil plazas por honorarios
“Se trata de un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado, apuntalado por una membresía sindical integrada por más de 83 mil trabajadores, cuya capacidad de movilización ha superado los mecanismos de contención y control de los gobiernos estatales”, dijo.
“Se requiere dotar de infraestructura adecuada a las escuelas. El presupuesto que tiene el IEEPO es de 500 millones de pesos, antes manejaba un presupuesto de 18 mil millones de pesos que se iba prácticamente todo a nóminas y salarios. Le pedimos al Senado, que mejore el presupuesto”.
Incapacidad
Invitado por el la Comisión Permanente para explicar la implementación y avances de la reforma educativa en la entidad, el gobernador reconoció su falta de capacidad para tomar asistencia a los profesores y aplicar los descuentos y sanciones administrativas que indica la Ley General del Servicio Profesional Docente para los maestros que se ausenten de sus obligaciones en las aulas para participar en marchas y protestas.
Esta tarea, mencionó, la tiene el IEEPO en el cual 92% de los cargos están ocupados por comisionados de la sección 22; es por ello, insistió, que tampoco se les han descontado a los profesores los días que han faltado a clases por estar marchando. “Son juez y parte”, reconoció.
Cué es el primer gobernador de entidades controladas por la CNTE que ha asistido al Congreso a responder a senadores y diputados federales los motivos por los que no ha sido posible llevar a cabo las evaluaciones magisteriales, piedra de toque de la reforma educativa. También fueron invitados Rogelio Ortega, de Guerrero, y Manuel Velasco, de Chiapas.
Congreso en rebeldía
Desde que se publicaron las reformas a la Ley General de Educación, en marzo de 2013, y sus leyes reglamentarias en septiembre de ese año, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Oaxaca ha sido el único estado cuyo congreso local no ha iniciado ni siquiera el proceso para construir una nueva Ley Educativa que se armonice con las federales.
Es una de las ocho entidades que están bajo un proceso de controversia constitucional interpuesta por el presidente Enrique Peña Nieto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar a los congresos locales a que armonicen sus leyes.
El gobernador señaló que ya pasó su propuesta de Ley al congreso del Estado, pero este ni siquiera la ha discutido y el proceso se mantiene estancado.
La CNTE tampoco ha permitido que en Oaxaca se lleven a cabo las evaluaciones para ingresar y obtener promociones en la docencia; de hecho, los primeros tres exámenes que se aplicaron este año fueron suspendidos y cambiados de sede porque las protestas magisteriales no garantizaban las condiciones de seguridad para celebrarlas.
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