A un año de que elementos del Ejército mataron a 22 civiles, 15 presuntamente fusilados, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Procuraduría General de la República entregaron las conclusiones de sus investigaciones.
Tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), quien empezó la indagatoria, y la PGR, que la atrajo, han sido señaladas por organismos de derechos humanos por encubrir la actuación de los soldados y negar varios meses que se tratara de una ejecución extrajudicial.
La madrugada del 30 de junio de 2014 un grupo armado atacó a soldados de la 22 Zona Militar quienes repelieron la agresión contra los supuestos integrantes de una célula criminal que se escondieron en una bodega.
La Sedena informó que se trató de un enfrentamiento de más de dos horas en el que 22 presuntos criminales fueron abatidos, entre ellos una menor de edad, un soldado resultó lesionado y tres mujeres fueron liberadas.
El 25 de septiembre la Sedena dio a conocer que un oficial y siete elementos de tropa fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar por su supuesta participación en la masacre en Tlatlaya.
Los inculpados fueron ingresados a la prisión de la Primera Región Militar, en el Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, y ni la Procuraduría castrense ni la PGR han dictado sentencia en relación a los supuestos asesinatos.