La nochde de ayer, el Gobierno de la República puso en marcha un operativo a nivel nacional, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer su voto de manera libre y pacífica este domingo 7 de junio.

 

En el operativo participan elementos del Ejército México, la Marina Armada y agentes de la Policía Federal.

 

Ante esto, organizaciones de la sociedad civil aseguraron que el despliegue federal es una regresión autoritaria, que tiene el objetivo de restringir y reprimir las distintas expresiones de descontento ante el proceso electoral.

 

“Las organizaciones de la sociedad civil denunciamos una vez más la ilegalidad del uso de las Fuerzas Armadas en cualquier disuasión de manifestaciones y en operativos exclusivos de seguridad pública”, dicen a través de un comunicado publicado en el portal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

 

Aseguran que el proceso electoral se quiere imponer con violencia de Estado, por encima de conflictos sociales no resueltos. “Dado el historial del uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal en la represión a diversas expresiones y manifestaciones sociales en el estado, el despliegue exacerbado de fuerzas de seguridad son señal de una preocupación real en los próximos días previo a la jornada electoral.”

 

Dan cuenta de que el “contexto polarizado que se vive en el estado de Guerrero”, es el resultado de meses de falta de diálogo entre las autoridades y partidos políticos con la sociedad civil y movimientos sociales que exigen rendición de cuentas y garantías para que los cambios derivados de las elecciones no sean meramente nominativos.

 

“El proceso electoral que se desarrolla el día de hoy se lleva a cabo en medio de diversos cuestionamientos dado que ningún partido político se ha pronunciado sobre las causas estructurales de la colusión entre las autoridades y el crimen organizado y la violencia generalizada que afecta a la población guerrerense, situación que alcanzó la máxima atención nacional e internacional después de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.”

 

Las OSC reiteraron que un régimen democrático se construye más allá de las urnas, por el contrario este debe de construir su legitimidad garantizando los derechos a la libre expresión de ideas, reunión y manifestación de las distintas expresiones de la sociedad civil.