La región de colindancia entre Michoacán y Jalisco ha sido por lo menos desde 2011 un escenario de enfrentamientos y disputa entre grupos del crimen organizado, el movimiento de cárteles entre uno y otro municipio ha propiciado diversos hechos de violencia, el más importante ocurrió el viernes pasado con la muerte de 42 civiles, quienes fueron identificados por las autoridades como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En voz del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados, que duró unas tres horas, dejó un saldo de “42 presuntos delincuentes abatidos y tres más detenidos, quienes formarían parte de la organización criminal que tiene como principal zona de operación el estado de Jalisco”.
Sin embargo, a la fecha ninguna autoridad había corroborado la identidad de las personas fallecidas, así como de quienes fueron aprehendidos.
En concreto se trataría de presuntos integrantes de una célula del CJNG conocida como Los Guerrero o Los Cerrito, quienes unos cuatro años atrás habrían disputado la plaza con miembros del Cártel del Pacífico.
Sólo una baja por parte de la Policía Federal, y al menos 42 de lado de los “presuntos gatilleros” es el saldo más controversial y cuantioso que este grupo delictivo haya registrado.
Los Guerrero, quienes fueron liderados por Javier Guerrero Martínez, abatido por militares en diciembre de 2011, estarían ligados recientemente a hechos de violencia como el asesinato de Enrique Hernández, ex candidato y autodefensa de Yurécuaro, y al homicidio de Gustavo Garibay García, presidente municipal de Tanhuato, ocurrido en marzo del año pasado.
El grupo realiza trasiego de drogas, robo de combustibles, extorsión y secuestro desde Zamora hasta Yurécuaro, y posiblemente algunos municipios de Jalisco y Guanajuato.
El pasado miércoles, el procurador general de Michoacán, José Martín Godoy Castro informó que Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Heraclio Guerrero Martínez, éste último con los mismos apellidos que quien fungiera como líder delictivo, eran presuntos integrantes de una célula criminal con presencia en Yurécuaro y a quienes señaló como los posibles autores intelectuales del homicidio del ex fundador de autodefensas en ese municipio, Enrique Hernández.
En palabras del procurador, dichos sujetos habrían tenido conflictos con quien fuera presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay García, asesinado el 22 de marzo del año pasado, crimen por el cual el propio Hernández Salcedo fue detenido y encarcelado por tres meses.
Hecho clave
La probable detención de una decena de sus integrantes pudo tratarse de la principal clave para que las labores de inteligencia de las fuerzas federales ubicaran el rancho. El jueves 21 de mayo, tan sólo dos días antes de los hechos en Tanhuato, diez presuntos integrantes de un grupo criminal “que operaba en la región” fueron capturados con armas, drogas, así como equipo táctico y uniformes camuflados.
De acuerdo con fotografías difundidas por el @ValorMichoacán, en el Rancho del Sol se encontraron uniformes de la Policía Municipal de Ocotlán, Jalisco. Estos dos hechos no son aislados para esta zona.
Cabe mencionar que medios michoacanos han informado que muchos de los familiares que han acudido al Semefo de Morelia a reclamar los cuerpos viajan en autos con placas de Jalisco.
Al menos en dos ocasiones anteriores las autoridades reportaron hechos similares: el 4 de abril de 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) informó del decomiso de cartuchos y una importante cantidad de indumentaria tipo militar; y el 3 de junio de 2011 daba cuenta del aseguramiento de drogas, armas y vestimenta del tipo de las fuerzas armadas (uniforme Pixelado tipo americano).
¿Uso excesivo de la fuerza?
Luego de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol algunos analistas han cuestionado si hubo exceso en el uso de la fuerza e incluso ejecuciones extrajudiciales, como en el caso de Tlatlaya o Apatzingán; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya realiza una investigación en la región.
Expertos en seguridad señalan el hecho de que el cártel considerado el más mortífero (CJNG) haya resentido la muerte de casi medio centenar de sus integrantes, incluso pese al entrenamiento que obtuvieron por parte de kaibiles y ex militares como reconoció Alejandro Solorio Aréchiga, comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, resulta cuestionable debido también a que en contraparte, la Policía Federal sólo registró una baja.
Además, algunos medios de comunicación naciones e internacionales han hecho notar algunas anomalías, como fotos que supuestamente mostrarían que la escena del crimen habría sido manipulada.
Aunada a ello las autoridades han dejado un vacío de información, por ejemplo no ha dicho quiénes son los fallecidos y detenidos, pese a que los familiares ya han ido a recoger los cuerpos al Semefo de Morelia.
“Tanhuato. Aceptemos la versión de Rubido. Aun así, es indispensable indagar si se siguieron protocolos sobre uso proporcional de la fuerza”, dijo Alejandro Hope, analista e investigador en temas de seguridad, drogas y delito.
“Como sociedad no podemos permitir ni justificar ejecuciones extrajudiciales (si es que eso ocurrió) Tanhuato”, indicó Fernando Belaunzarán, diputado federal por el PRD
“La pregunta no es si la Policía Federal y la Sedena deben usar la fuerza pública legítima, la pregunta es si eso es lo que están haciendo”, expresó Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
“Necesitamos precisión en la información. Y que quede claro que el riesgo de que Michoacán se vuelva a descomponer es muy alto. Así lo demuestran los hechos de Tanhuato”, señaló Silvano Aureoles, candidato a gobernador de Michoacán.
Fue el mismo viernes cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que un grupo de visitadores serían enviados a la zona donde se efectuó el enfrentamiento entre presuntos delincuentes y fuerzas federales.
“El personal de este Organismo nacional recabará las evidencias del caso, solicitará información a las autoridades que corresponda y entrevistará tanto a testigos como a personas involucradas en los hechos, con el fin de determinar el ámbito de su competencia”, indicó en un comunicado.