GUATEMALA. En medio de la peor crisis de corrupción a la que se ha enfrentado el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina (la semana pasada renunció la vicepresidenta Roxana Baldetti), el presidente del Banco (central) de Guatemala, Julio Roberto Suárez, y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, fueron detenidos por su supuesta implicación en un fraude contra el Seguro Social, informó el Ministerio Público (MP).
Suárez, quien además es el primer vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es uno de los solicitados por el caso, que investigan la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Rodríguez, quien representa al Ejecutivo en el Seguro Social, fue arrestado en una clínica médica del sur de la capital, de acuerdo con el Ministerio Público.
El vocero de la CICIG, Diego Álvarez, dijo que se pidió la detención de los miembros de la Junta Directiva, de Licitación y Adjudicación del IGSS por anomalías en un contrato otorgado a una empresa para prestar servicio de diálisis.
Los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social son acusados del delito de fraude.
Según el último dato de la CICIG, hasta ahora han sido detenidas 16 personas.
Entre los aprehendidos este miércoles está Otto Molina Stalling, quien fue subgerente financiero del Seguro Social en 2014, acusado de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, de acuerdo a la información oficial.
Molina Stalling es hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, sindicada de estar implicada en un caso de fraude aduanero destapado en el oficina recaudadora de impuestos, que costó el cargo de vicepresidenta de Guatemala a Roxana Baldetti el pasado día 8.
Las detenciones de los directivos y altos gerentes del Seguro Social están relacionadas con las anomalías detectadas en un contrato otorgado a una farmacéutica para prestar servicios de diálisis a pacientes renales del organismo público de salud.
El 20 de diciembre pasado el Seguro Social adjudicó a la empresa farmacéutica Pisa un contrato por más de 116 millones de quetzales (227 millones de pesos) para proporcionar diálisis a pacientes con enfermedades renales.
La empresa Pisa, a su vez, subcontrató a un sanatorio privado porque no tenía capacidad para atender a más de 500 pacientes de diálisis, que según denunció en febrero pasado la organización Acción Ciudadana, reciben un servicio deficiente.
Las autoridades tienen previsto dar una rueda de prensa en las próximas horas para dar detalles del caso.
Campesinos piden renuncia del presidente
Unos tres mil campesinos que llegaron de varios departamentos de Guatemala protestaron en la capital y exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
Los campesinos se unieron así a los más de 60 mil guatemaltecos que el sábado y en días pasados han solicitado la dimisión del mandatario por actos de corrupción en los que se han visto vinculados funcionarios de su confianza.
Los campesinos bloquearon las principales arterias de la capital en busca de ser escuchados.
Miguel Ixcal, líder indígena y campesino, dijo vía telefónica que demandan la renuncia de Pérez Molina por los hechos de corrupción y porque no ha cumplido su promesa de terminar con la inseguridad en el país.
“Pedimos la renuncia de Otto Pérez Molina y su gabinete de gobierno que tanto daño le han causado al pueblo de Guatemala… argumentan que no hay recursos y ellos saqueando las arcas del Estado”, dijo Ixcal.
El líder campesino explicó que el peor daño que han sufrido las comunidades es que se las ha excluido de programas sociales como los de salud.
El 16 de abril las autoridades guatemaltecas desarticularon una red de defraudación millonaria al fisco que según la fiscalía recibía sobornos por parte de empresarios para evadir impuestos.
El caso involucra a varios funcionarios y particulares. De acuerdo con las autoridades la red era dirigida supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
El escándalo le costó el cargo a Baldetti, quien renunció al verse involucrada. Luego de su renuncia, la fiscalía logró una prohibición para que la ex vicepresidenta abandone el país y pueda ser investigada.