GUATEMALA. Al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no le agrada que su nombre se asocie con el tema de la corrupción. Y desde que su vicepresidenta Roxana Baldetti tuvo que dejar el puesto por, precisamente, un caso de corrupción, ha tratado de sortear el tema.

 

Ayer, ante preguntas de los periodistas, Pérez Molina señaló que no tiene obligación de acudir al Congreso de acuerdo a la ley, y que puede enviar a un emisario o informe por escrito donde conteste a los requerimientos de la comisión.

 

Así, explicó que probablemente se decante por esta última opción, dejando entrever que no acudirá.

 

La Comisión Pesquisidora del Congreso de Guatemala citó el pasado martes al presidente del país para que hoy preste su declaración por la denuncia en su contra del diputado opositor Amílcar Pop, que lo vincula a dos casos de corrupción, uno en el ente recaudador de impuestos y otro en el seguro social.

 
En relación al tema, las autoridades confirmaron que investigan a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por su supuesta vinculación a una red de corrupción.

 

La fiscal general aseguró que la investigación en contra de Baldetti es por el caso de contrabando y fraude fiscal destapado en abril pasado.

 

La ahora ex vicepresidenta dimitió a su cargo el pasado 8 de mayo pasado, tres semanas después de que el MP y la Cicig desarticularan una estructura millonaria de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

 

La red criminal supuestamente estaba dirigida por el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la Justicia desde el 16 de abril, cuando las autoridades capturaron a 27 implicados el caso, entre funcionarios y particulares.

 

Otro de los organismos públicos que han sido tocados por la corrupción es el Instituto del Seguro Social. Ayer, las autoridades informaron de la aprehensión de cinco personas vinculadas con el caso IGSS-Pisa, un millonario fraude en el Seguro Social del país.

 

Con estos cinco nuevos arrestos son ya 22 los detenidos por este caso, entre los que se encuentra Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y exsecretario privado del presidente del país, Otto Pérez Molina.