Aunque la responsabilidad directa de la muerte de Christopher es de los cinco niños que “jugaron” a secuestrarlo, toda la sociedad debe asumir su parte de culpa por el estado de descomposición social que vive el país e impulsar cambios en las políticas públicas para evitar que se repita un hecho similar, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, José Luis Armendáriz González.
“Hay muchos elementos multifactoriales, hay que repartir responsabilidades. La directa sería para los propios actores. Hay que repartir las responsabilidades, a todos nos alcanzaría algo en diferentes medidas de tal forma que podamos combatir este tipo de eventos desde diferentes frentes, de manera multifactorial”, expresó en entrevista.
Pero esta situación de violencia contra los menores no es nueva. Datos de la Red por los Derechos de la Infancia indican que Chihuahua es el estado con mayor tasa de homicidio en la población de 0 a 17 años, 13.1 por cada 100 mil habitantes en 2012. Sin embargo, a pesar de ser una cifra alta, la tendencia viene a la baja, pues en 2010 alcanzó su pico con tasa de 29.1. Ahora hay que poner a Christopher en la estadística.
“Lo primero que viene a la mente es el aumento de las medidas de sanción o que hay que bajar la edad penal, que es el efecto inmediato de reclamo de justicia. Desde luego tenemos que revisar qué cambios en las políticas debemos de realizar, pero lo importante es que este evento tan trágico no nos gane al paso de los días lo cotidiano, que lo olvidemos y que cuando vuelva a ocurrir volvamos con el discurso de elevar sanciones”, añadió Armendáriz González.
Los hechos
El sábado pasado, tras dos días de haber desaparecido, el cuerpo de Christopher fue encontrado en las cercanías del arroyo de la colonia Laderas de San Guillermo en Chihuahua. El hallazgo fue gracias a que uno de los niños confesó a su mamá lo que pasó.
El jueves al medio día, mientras jugaba en la calle, los cinco menores de edad invitaron a Christopher a recoger leña, pero al llegar al arroyo lo invitaron a jugar al secuestro. Lo amarraron, asfixiaron, golpearon y mataron, para después ponerlo en una bolsa de plástico negra antes de enterrarlo. Y para que nadie se diera cuenta, colocaron el cadáver de un perro encima, confesaron.
Ayer, durante una entrevista radiofónica, Jorge González Nicolás, fiscal general de Chihuahua, dijo que la muerte de Christopher se debió a que se les pasó la mano durante el juego, por lo que terminaron por matarlo.
“En el móvil no hay nada más de fondo que esto. Me parece a mí en el tema estrictamente de la investigación, que prácticamente agotado”, señaló durante la entrevista.
Pese a que las autoridades dan esta versión, los familiares de Christopher no están de acuerdo. Claudia Alvarado Martínez, abuela del fallecido, dijo el domingo durante el velorio que el estado en que encontraron el cuerpo del niño muestra que no fue un juego.
“Que se haga justicia y que esto no queda impune porque ellos eran de 14, 15 años, mi niño de 6 años qué les podía hacer. Lo atoraron, lo acuchillaron, lo apalearon, es algo que no puedo coincidir y como abuela, que no los dejen libres”, comentó.
Sanciones
Debido a que los cinco responsables son menores de edad, en estos momentos están bajo custodia del Sistema DIF estatal, institución que les brinda atención psicológica para determinar cuál fue la razón por la cual terminaron por asesinar a Christopher.
Será el jueves cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de los cinco menores de edad por el delito de homicidio calificado, aunque no todos enfrentarán el proceso.
Respecto a su proceso legal la Fiscalía informó que se encuentran en calidad de presentados. Por ejemplo, el menor de 11 años quedó libre de cualquier proceso legal tal y como marca el artículo 67 de la ley de justicia especial para adolescentes infractores del estado de Chihuahua, aunque recibirá asistencia social y atención psicológica.
Para los niños de 12 y 13 años el proceso será un poco más complejo. La Constitución marca que no pueden internarse en el tutelar a los menores de 14 años, por lo que dependerá del DIF estatal cuál será el destino de ellos, siendo probable que vayan a un centro de asistencia social donde seguirán con su atención psicológica.
Quienes sí enfrentarán el proceso jurídico son los menores de 14 y 15 años. Según el fiscal de la Zona Centro de Chihuahua, Sergio Almaraz, estos dos adolescentes serán juzgados por homicidio, con una pena máxima de 10 años en prisión.