SANTIAGO DE CHILE. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció nueve cambios (en realidad removió a cuatro y a cinco sí los eliminó de su gestión) en su gabinete, con los que espera iniciar “una nueva fase” de Gobierno con “nuevos rostros”, en medio de la caída de su popularidad a raíz de los casos de corrupción destapados en los últimos meses.
El Gobierno “entra en una nueva fase, tan exigente e inspiradora, que requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido con el país y que la ciudadanía nos demanda”, afirmó Bachelet durante el acto de toma de juramento de sus nuevos ministros.
Aseguró, no obstante, que su equipo saliente, encabezado por Rodrigo Peñailillo (la principal baja y centro de tensión que le motivó a dar un vuelco de su gobierno) en el Ministerio del Interior, “trabajó intensamente para satisfacer las necesidades ciudadanas”, con la concreción de 56 medidas prioritarias y 123 proyectos convertidos en ley desde marzo de 2014.
Los nuevos ministros convocados por Bachelet son Marcelo Díaz en la Secretaría General de Gobierno, Jorge Insunza en la Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo Valdés en Hacienda, Marcos Barraza en Desarrollo Social y Ernesto Ottone en Cultura.
En tanto, otros cuatro ministros saltaron a otras carteras, entre ellos Jorge Burgos, que pasó al ministerio del Interior dejando Defensa; José Antonio Gómez, que pasa del ministerio de Justicia a Defensa; Javiera Blanco se traslada desde el ministerio del Trabajo al Ministerio de Justicia, y Ximena Rincón llega desde la Secretaría General de la Presidencia al ministerio del Trabajo.
Esta nueva composición del gabinete significó la salida de Rodrigo Peñailillo, hasta ayer ministro del Interior, cuestionado por conocerse que antes de llegar al gobierno realizó asesorías para un criticado operador político oficialista que recaudó millonarios fondos de una empresa de un ex yerno del dictador Augusto Pinochet y por el mal manejo comunicacional que tuvo la mandataria en el escándalo Caval, en el que la nuera de la presidenta está siendo investigada por posible uso de información privilegiada y tráfico de influencia tras la compra y venta de un terreno de 44 hectáreas. Además de que un hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, participó personalmente en la reunión que aseguró el crédito bancario usado en la operación.
