En México las diversas deficiencias con las que opera el poder judicial, que van desde la carencia de jueces hasta la falta de incentivos para su labor y el exceso de trabajo, han propiciado que el índice de desconfianza e impunidad en los impartidores de justicia vaya en aumento. Aunque el fenómeno ha sido advertido en diversos estudios, a la fecha no se ha encauzado solución alguna.
Así lo han revelado diversos estudios de instituciones académicas, en los que han quedado evidenciadas las carencias con las que hoy actúan los jueces del país y ante lo cual resulta urgente mejorar las condiciones para los operadores del sistema de justicia, a fin de que la percepción que la sociedad tiene de los jueces y tribunales no genere desconfianza.
Un ejemplo de ello, apunta el Informe de Justicia Cotidiana, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 17 instituciones más, es el hecho que se ha dado un mayor esfuerzo para incentivar las “grandes reformas” en lugar de mejorar el funcionamiento de los tribunales y con ello optimizar la labor de los jueces.
“Una mirada cercana a la operación cotidiana de muchas de esas instituciones (tribunales) muestra fallas importantes, entre otras, altos costos de acceso, procedimientos largos y poco adaptables a las condiciones de los conflictos, invisibilidad de las personas afectadas y “resoluciones” contenidas en sentencias largas, farragosas e incomprensibles para los interesados”, indica el estudio basado en la recopilación de seis foros de consulta.
Dentro de las “asimetrías” halladas a partir de lo denunciado por la ciudadanía, se identificaron los altos costos que implica el acceso a la justicia, pues 75% de los juicios de casos en segunda instancia implican cantidades que van de los 33 mil a los 50 mil pesos, cuando el costo total de un juicio de ese carácter es de 15 mil pesos.
Aunado a ello, se identificó que 80% de los tribunales requieren de más de un juez para resolver un juicio, pero la falta precisamente de un mayor número de magistrados ha sido otro fenómeno señalado como detonante de impunidad, lo cual fue expuesto la semana pasado en el Índice Global de Impunidad (IGI), donde México fue ubicado como el segundo país con mayor impunidad del mundo.
En el informe presentado por la Universidad de Las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano del mismo estado, se reveló la necesidad de México por contar con más jueces a fin reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y atender la sobrepoblación en las cárceles.
El IGI advirtió que cuando en promedio los países cuentan con 17 jueces por cada 100 mil habitantes, en nuestro sólo hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, y cada uno de ellos atiende una carga de trabajo de hasta 500 casos anualmente.
En cuanto a asuntos familiares, conflictos propios de la Justicia Cotidiana, el CIDE indica que aunado a que los jueces en la materia “no cuentan con la capacitación ni con las habilidades suficientes”, los procesos judiciales suelen ser largos y costosos en consecuencia del exceso de trabajo de los jueces y a los requisitos legales de los procedimientos.
La consulta identificó que es necesario implementar mejores condiciones para contar con jueces independientes y capaces, condiciones materiales para proporcionar el servicio de impartición de justicia, y la conformación de mecanismos de supervisión y control de la labor jurisdiccional.
Desafíos
Los retos más relevantes en el área de gobierno judicial, de acuerdo con el estudio realizado por 18 instituciones, son:
- Establecer mecanismos para revisar la calidad de la impartición de justicia
- Dotar a las unidades jurisdiccionales de herramientas para mejorar su gestión
- Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas
- Fortalecer los mecanismos de supervisión y disciplina judicial
- Garantizar que las resoluciones se cumplan
- Asegurar un financiamiento estable
- Profesionalizar y capacitar a los jueces y al personal jurisdiccional