Un grupo de ciudadanos, encabezados por Denise Dresser, Sergio Aguayo y el ex consejero del IFE Alfredo Figueroa, entregaron 140 mil firmas al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la cancelación del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

 

Los activistas señalaron que el Verde Ecologista ha violado la ley electoral de manera sistemática y el INE ha sido omiso al aplicar multas de forma aislada y no analizar la conducta del partido en su conjunto.

 

“El PVEM podrá caer bien o mal, su relación simbiótica con el duopolio televisivo podrá parecer inaceptable, su agenda legislativa podrá ser todo menos ecologista o la banalidad de sus candidatos y propaganda electoral podrá ser insultante. Aún así, no es eso lo que hoy nos convoca”, indicaron. Y abundaron que “no es, como han querido pintar algunos, una petición que parte de simpatías o antipatías, de filias o fobias. Esas, en efecto, se podrán dirimir y reflejar en las urnas”.

 

De acuerdo con su argumento, la petición #QuitenRegistroAlVerde, que recabó 140 mil firmas en 25 días en la plataforma Change.org, es “a favor de la legalidad, del Estado de derecho y, sobre todo, de la protección a los avances democráticos que encuentran en la equidad de la contienda uno de sus ejes rectores. La Ley no permite —y de hecho sanciona con la cancelación del registro— la violación grave y sistemática de las reglas del juego democrático”.

 

Exigieron al Consejo General del INE fundamentar y dar respuesta a su petición antes de las votaciones del 7 de junio. Acusaron de tibieza a “las autoridades electorales que han abierto una puerta por la que hoy pasa a sus anchas el PVEM y mañana lo hará el resto de los partidos políticos atentando en contra de los derechos políticos de los ciudadanos y de la ya tan lastimada vida democrática de nuestro país”.

 

Alfredo Figueroa, ex consejero electoral del extinto IFE y artífice de los argumentos jurídicos para solicitar la cancelación del registro del PVEM, dijo que queda acredita la violación sistemática a las leyes, que según la Ley de Partidos, se sanciona con la perdida de registro.

 

Entre las violaciones reiteradas se encuentra “al principio de equidad a través de la sobreexposición ilegal (reiterada y sistemática) frente al electorado; contratación y adquisición, mediante legisladores de su fracción parlamentaria, de cerca de 300 mil spots en televisión pasando por encima de la prohibición constitucional en un claro acto de simulación”.

 

Además, “transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales; contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país; compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país”.

 

“Uso indebido de la pauta y apropiación indebida de programas social; contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa; entrega de beneficios contrarios a la normatividad electoral; propaganda ilegal en tortillerías; distribución nacional de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales; campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país”.  DEC

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