Con casos alarmantes como el del Cereso de Venustiano Carranza, en Nayarit, con un índice de 246% de sobrepoblación, o los de Chalco y Ecatepec en el Estado de México y el Centro de Cárdenas, Tabasco, en 17 penales de 12 estados a este fenómeno se suman abusos y carencias que padecen las reclusas en México.
La sobrepoblación y hacinamiento son un problema presente en al menos 17 de los 77 centros femeniles que visitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para realizar entrevistas a las internas durante febrero y marzo de 2014, año en el que se contó una población de 11 mil 107 mujeres en prisión.
Ayer la Comisión dio a conocer el Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, en el que también se reveló que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas presentaron la mayor sobrepoblación, lo cual en el corto plazo deriva en hacinamiento y las internas duermen en el piso.
Dentro de esos casos, el centro de Venustiano Carranza, en Nayarit, la sobrepoblación es de 246%, así como los de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, y Cárdenas, en Tabasco, en los que es igual o mayor al 100%.
Según el análisis, el hacinamiento se presenta por lo general como uno de los efectos de la sobrepoblación, sin embargo, también obedece a una distribución inadecuada de la población interna, el cual se debe a la “venta de espacios para algunas internas”, tal y como se observó en el Cereso de Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.
La sobrepoblación “afecta de manera importante la calidad de vida de las internas, pues las instalaciones y servicios se vuelven insuficientes, o se agudizan las carencias existentes, lo que dificulta satisfacer la demanda de estancias, planchas para dormir, servicios sanitarios, agua, alimentos y medicinas, así como el acceso oportuno de la población a la atención médica, psicológica, de trabajo social, y a las actividades educativas, deportivas y culturales, necesarias para favorecer su reinserción social”, dice el informe.
De mala comida a la prostitución
Mujeres golpeadas, amenazadas, sobreviviendo con irregularidades y carencias, como la práctica de extorsión y prostitución, con un trato desigual, con sobrepoblación y hacinamiento, además de la falta de apoyos para mantener a sus hijos, son algunas de las realidades que la CNDH captó en su informe.
De acuerdo con los anexos estadísticos conformados a partir de la recolección de datos en cada centro, al menos 60 internas alojadas en 33 diferentes centros del país denunciaron haber sido víctima de golpes por parte de los custodios; mientras que 147 internas en 50 centros dijeron sufrir de amenazas por el personal del penal.
Además, 256 refirieron haber sufrido algún tipo de humillación y 213 acusaron tratos discriminatorios.
Sobre la prostitución se detectó su práctica en 20 centros penitenciarios de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Mientras que las reclusas que deben ver por sus hijos, se observó que en una decena de penales en Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres.
La CNDH urgió a las autoridades correspondientes a una mayor atención en el tema de las mujeres internas, incluidos los menores de edad que viven con sus madres, a fin de procurar la implementación de políticas públicas que contemplen sus necesidades específicas.
De acuerdo con la información recabada en ese período, la mayor incidencia por delito por el que las mujeres están internas es contra la salud, con 2 mil 276; robo, con 2 mil 170; secuestro, mil 134; homicidio y mil 029; delincuencia organizada 611; fraude 240; lesiones 227; violencia intrafamiliar 108, y portación de arma exclusiva con 388 internas.
Contra sus derechos
El documento de la Comisión también revela que la incidencia contra los derechos humanos que más se presenta en general en las prisiones femeniles del país es la deficiente atención médica, con 73 reportes; seguida de la inexistencia de manuales de procedimientos con 71, lo que representa una grave falla en la administración de los penales.
La incomunicación, las sanciones disciplinarias y la inadecuada separación y clasificación de presas tuvieron 66 quejas; mientras que el maltrato la desigualdad entre áreas femeniles y varoniles, así como la deficiencia en la alimentación le siguieron con 65 casos.
Los dos penales con mayor incidencia de violación a los derechos humanos se encuentran en Guerrero, el Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo de los Bravo que acumuló 21 quejas; y el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, con 20.
Le siguieron el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, en Nayarit, con 19 casos, los mismos que registró el Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, Tlacolula, en Oaxaca; y el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Con 18 incidencias reportadas se encuentran nueve centros, tres de ellos en el Estado de México, tres en Puebla, así como uno en Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.