El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, aseveró que el caso Iguala no está cerrado pues aún hay que buscar la verdad, reparar los derechos de las víctimas, castigar a los responsables y dar garantías de no repetición.
Durante la presentación del Informe de Actividades 2014 de la Comisión en Los Pinos, el Ombudsman dijo que el Caso Iguala marca un antes y un después para México, ya que por su trascendencia debe haber reflexión entre los mexicanos para que esto no vuelva a ocurrir.
“Se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México y los mexicanos. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos deben hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. No debemos esperar, ni como autoridades ni como sociedad, a que ocurran otros hechos graves para iniciar el cambio hacia el cumplimiento efectivo de la ley”, dijo el Ombudsman.
Otro gran caso en 2014 fue Tlatlaya, donde hubo una ejecución extrajudicial de 22 presuntos delincuentes por parte de elementos del Ejército mexicano. Derivado de estos sucesos se emitió la Recomendación 51/2014, que el pasado 15 de enero fue corregida para reclasificarla como violación grave de derechos humanos, seis meses después de los hechos.
Lo que ocurrió en Tlataya mereció una mención especial porque las autoridades de los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz; Ahuajotzingo y Florencia Villarreal, Guerrero; y Huachinango, Jalisco, rechazaron las recomendaciones de la CNDH.
Donde sí hubo recomendación por violaciones graves a derechos humanos fue por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, que involucró una manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y que terminó en la muerte del menor de edad, José Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
Para afrontar este panorama, el Ombudsman urgió a emitir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética, tal como lo prometió el presidente Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre pasado.
Esta aprobación, pero más aún su aplicación, servirá para que las instituciones recuperen la confianza de los ciudadanos, quienes reaccionaron ante los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala con una toma de conciencia.
“La sociedad no puede permanecer impasible cuando constata que a menudo aquellos individuos que incumplen la ley no son objeto de sanción alguna, o cuando advierten que las probabilidades de que se aplique o no la ley en un caso concreto dependen del poder, posición económica o condición social de las personas involucradas en el mismo”, añadió.
Promete EPN fortalecer derechos humanos
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se ha construido un andamiaje institucional en la materia, pero lo seguirán fortaleciendo con medidas adicionales como la creación de leyes generales en los rubros de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, lo cual prometió el 27 de noviembre pasado.
Peña Nieto dijo esto durante la ceremonia del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2014, donde se comprometió a que en su administración no habrá tolerancia a la violación de derechos humanos.
“Para castigar estos graves delitos, vamos a adoptar las mejores prácticas internacionales, recomendación, además, que viene de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales”, comentó.
Durante 2014 se redujeron 22% las quejas presentadas ante la CNDH, lo que significaron mil 986 menos respecto a 2013. Para las dependencias federales, la disminución fue del 60%, informó el presidente.
Son tres ejes los que desarrolla el Gobierno en materia de derechos humanos: La difusión de la cultura social de conocimiento y respeto a los derechos humanos; prevención de la violación de derechos humanos; y protección de los derechos de las personas.
Dentro de estos ejes está la puesta en marcha del Programa Nacional de Derechos Humanos, donde participan todas las dependencias del gobierno federal, la CNDH y diferentes instancias de la sociedad civil.