Los casos de Iguala y Tlatlaya provocaron el despertar y toma de conciencia en la sociedad, lo cual generó la necesidad de un nuevo paradigma de actuación de las autoridades e instituciones, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante el Informe Anual ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo.
Para la CNDH el caso de Ayotzinapa no está cerrado, pues tienen una comisión especial investigando no sólo lo que pasó el 26 y 27 de septiembre, sino también los hechos anteriores para determinar posibles responsabilidades por violaciones a derechos humanos, dejando la impartición de justicia a las autoridades competentes.
“Lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, se trata de un y yo que indigna y agravia a todos los mexicanos y nos obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho”, dijo el ombudsman.
Frente a los legisladores, admitió que la Comisión también sufrió una crisis de legitimidad por el caso Iguala, por lo que la única forma de pasar la crisis es por medio de la verdad y un nuevo actuar de las instituciones.
González Pérez anunció como primera medida contra la desaparición forzada, estos 1 y 2 de febrero la Comisión irá al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para presentar su informe independiente sobre la situación que vive México o en este tema, al tiempo de seguir presionando al gobierno federal para la creación de una Ley General que tipifique y homologue este delito a nivel federal.
DEC