La reforma al IFE para dar a luz al INE fue una exigencia del PAN a cambio de su apoyo a la reforma energética. Ahora el sistema de partidos y el proceso electoral está comenzando a pagar la factura de esos acuerdos sin sentido.

 

No deja de ser paradójico que el IFE funcionó mejor cuando estaba dirigido por el secretario de Gobernación pero tenía consejeros ciudadanos con fuerza personal. Hoy el gobierno es ajeno al INE pero los consejeros electorales carecen de personalidad propia y representan intereses de los partidos.

 

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Y ahí es donde se localiza el centro del problema del INE: los partidos políticos como entes regulados por la autoridad electoral en procesos electorales dominan el funcionamiento del Instituto arbitral electoral por tres sobrerrepresentaciones: como representantes de partidos, con los representantes del poder legislativo y como instancias de aprobación de los consejeros.

 

La reciente crisis en el INE por la rebelión de partidos y su salida del consejo general y la solución institucional de ceder ante las demandas partidistas terminó por hundir al Instituto en la debilidad como organismo autónomo. Las 15 condiciones exigidas por los partidos para regresar a la mesa de trabajo simplemente consolidaron el modelo de partidocracia en el órgano encargado de realizar las elecciones.

 

El proceso de degradación de las elecciones en México desde que el gobierno tuvo que crear el IFE para recuperar credibilidad electoral no ha tocado piso aún. Vienen revelaciones sobre irregularidades internas en cuanto a reparto de posiciones entre partidos y a uso discrecional de los recursos. La gestión del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, ha carecido de fuerza y autoridad y tiene un poder menguado por su propia debilidad en la forma de tomar decisiones. La ofensiva de los partidos en contra el Partido Verde respondió más a preocupaciones del PAN y del PRD respecto al ascenso electoral de los ecologistas y a su alianza con el PRI que a irregularidades electorales.

 

El colapso del INE está en curso y se irá profundizando en la medida en que el PAN y el PRD aumenten sus exigencias para ganar en la mesa lo que están perdiendo en las urnas. Pero más allá de la competencia preelectoral en el INE, lo que ha aparecido es la urgencia de una enésima reforma electoral que logre decisiones para estabilizar al organismo electoral. Y el único camino es el de desaparecer la estructura actual, liquidar el modelo de los consejeros electorales votados por los intereses partidistas y terminar con el esquema de consejo general.

 

El INE debería ser un organismo realizador de elecciones, sin representaciones partidistas y con instancias de supervisión más institucionales. Los funcionarios del Instituto tendrían que tener un perfil de eficacia administrativa sin andar buscando el apoyo de los partidos en antesalas denigrantes para cabildear su designación. La redistribución de competencias electorales disminuiría las presiones políticas y los partidos tendrían instancias de controversias más legales que políticas.

 

La clave de la reforma electoral indispensable estaría en la decisión de sacar a los partidos del organismo electoral. En un símil futbolero, el INE ofrece una imagen del absurdo: como si los equipos de futbol formaran parte del organismo de la autoridad arbitral encargada de arbitrar los partidos. La reciente crisis dejó ver el autoritarismo de los partidos sometiendo al débil consejo general a los intereses de los jugadores electorales y a los consejeros decidiendo bajo presión de los participantes en las elecciones.

 

La reciente crisis en el INE le restó credibilidad y capacidad de maniobra al organismo electoral y sembró dudas sobre su eficacia para manejar las elecciones legislativas y estatales del 7 de junio próximo.