El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha desechado tres de los seis juicios contra el procedimiento por el cual Gustavo Madero Muñoz regresó a la presidencia del PAN, después de ser electo candidato plurinominal para una diputación federal.

 

A decir de los militantes inconformes, en su reincorporación el dirigente violó los estatutos del partido al volver fuera de los plazos estatutarios y reglamentarios, haciendo uso de documentos apócrifos para “mover hacia atrás” el tiempo, con el propósito de dejar fuera las impugnaciones.

 

El ex asambleísta Rafael Guarneros Saldaña confirmó a 24 HORAS que el TEPJF desechó los recursos por la extemporaneidad, sin entrar al fondo de las quejas, y no porque validara la permanencia de Madero.

 

Refirió que hasta ayer, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) le notificó que no hay fundamento a su demanda, aunque adelantó que interpondrá un nuevo juicio contra esa resolución.

 

“Con eso pretenden que mi juicio se sobresee, porque ya me contestó el CEN. Esto no tiene más que la finalidad de que siga trascurriendo el tiempo y ya no sea posible inhabilitar a Madero para ser candidato, porque no habría posibilidad para sustituirlo como plurinominal; y si se alarga más podría provocar que no se le pueda destituir en el cargo de presidente”, refirió.

 

Cabe señalar que los militantes inconformes, entre ellos Noé Aguilar Tinajero, Sergio Velarde Méndez, Antonio Ponce y Armando Mayorga Ávila, presentan como pruebas la manipulación de documentos, una firma diferente entre los documentos en que Ricardo Anaya solicita licencia el 19 de enero y el aviso de Madero recibido un día anterior; así como un oficio que el dirigente panista ingresó el 1 de enero a las nueve de la mañana, cuando se trató de un día de descanso obligatorio.

 

De acuerdo con las acusaciones, Gustavo Madero regresó 20 días después del plazo indicado en el artículo 48 de los estatutos y tres días después del establecido por el reglamento de Selección de Candidaturas a Puestos de Elección Popular, y notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) hasta el 10 de febrero de 2015.

 

Por considerarse afectados por la resolución del TEPJF, estos militantes planean acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atribuyendo violaciones a los derechos de afiliación partidista.

 

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