“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, aseguró la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un reporte entregado al gobierno mexicano.
Al presentar ayer su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra “sobre tortura y otros tratos o penas crueles”, el organismo internacional resaltó, en su apartado de conclusiones, que las autoridades son débiles para “detectar o impedir la tortura”.
“La finalidad es castigar o extraer confesiones o información”, sostiene Juan E. Méndez, relator especial de la ONU, en el documento entregado a finales del año pasado al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los representantes del Congreso de la Unión.
A estas conclusiones llegó Méndez luego de realizar una visita a nuestro país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, donde encontró evidencia de que la tortura se utiliza como método de castigo o para obtener confesiones.
“Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces, que no siempre cumplen con sus obligaciones bajo la prohibición absoluta de la tortura”, añade el informe.
Deficiencias en exámenes médicos y falta de investigaciones de oficio son algunos de los problemas que señala el relator de la ONU.
“En la mayor parte de los casos no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las declaraciones se presentan sin intervención judicial ni presencia de un abogado; no se inician investigaciones de oficio, no se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura”, añadió el relator.
Explicó que por estos motivos, los casos de tortura son altos en nuestro país “y las medidas no han logrado aún revertir la imperante impunidad ni han avanzado en la debida reparación integral”.
Méndez añadió que México debe de reconocer públicamente el tamaño de la impunidad respecto a los malos tratos, a la tortura y malos tratos, además de emprender las investigaciones de todos los casos, incluidos los que vienen desde la “Guerra Sucia” y debe suspender a los funcionarios sospechosos.
Este informe se da en el marco de la 28 periodo de sesiones del Consejo que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. En este mismo foro el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que la violencia criminal ponía en peligro la democracia en México.
Las recomendaciones
Ante este panorama, el mismo organismo internacional le recomienda al Estado mexicano actuar de manera urgente para arbitrar medios para investigar, sancionar y castigar los actos de tortura.
“Tipificar, a nivel federal y estatal, en conformidad con el estándar más beneficioso de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y velar que las legislación federal y estatales, contemplen la prohibición absoluta de la tortura”, señala el informe.
Además, le solicita al Congreso de la Unión reformar el Código de Justicia Militar a fin de asegurar que los casos cometidos por soldados sean competencia de las autoridades civiles y evitar que entre los superiores solapen estas acciones.
Al tiempo de “legislar el uso de la fuerza en conformidad con principios internacionales, así como capacitar a los operadores de seguridad (policías) respecto a los estándares e investigar y sancionar las conductas de uso excesivo de la fuerza”.
La ONU también propone que todas las denuncias en esta materia sean investigadas y que se vele porque se castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron las acciones.
Por último, Juan E. Méndez, sugirió excluir automáticamente “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura, malos tratos o violación a las garantías individuales”.
Se investiga pero se castiga poco
En septiembre pasado, Amnistía Internacional reveló que aunque México investiga con más frecuencia los presuntos casos de tortura atribuidos a las fuerzas de seguridad, el número de los que son castigados permanece muy bajo, situación que fomenta la impunidad.
Un nuevo reporte de la organización civil de derechos humanos indica que de 2006 a 2013 la PGR abrió 1,219 averiguaciones previas por presuntas torturas cometidas por funcionarios públicos.
El año en el que se abrieron más indagatorias fue 2013 con 964, una cifra 3,607% superior a las 26 abiertas en 2006, de acuerdo con información que la PGR entregó a AI.
Sin embargo, con motivo de esos casos la PGR sólo realizó 472 dictámenes especializados para determinar si hubo delito o no, y de ellos únicamente en 57 se encontraron “resultados compatibles con tortura”, que derivaron en que la dependencia federal consignara ante un juez a apenas 12 personas.