La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional y a los DIF estatales informen sobre la población rescatada en el albergue “La Gran Familia”.

 

En un comunicado, la perredista señaló la importancia de conocer el estado en que se encuentran todas las personas liberadas el 19 y 20 de julio del año pasado en Zamora, Michoacán, ya que se sabe muy poco de su situación o condiciones actuales.

 

Recordó que en el operativo federal, encabezado por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), se rescataron a 500 personas la mayoría de ellas menores de edad, quienes estaban privados de su libertad.

 

Juárez Piña resaltó que la mayoría de los niños señalaron haber sido  víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte del personal adscrito a dicha casa, principalmente por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, alías “Mmá Rosa” administradora del albergue, quien además era reconocida como su presidenta y fundadora desde 1948.

 

Según informes de la PGR, en el lugar de los hechos fueron rescatadas en ese momento, 174 niñas de entre tres y 17 años de edad, así como 278 niños del mismo rango de edad; así también, fueron recuperados 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre los dos meses y dos años de edad.

 

Juárez Piña indicó que aunque 204 de los menores salvados fueron puestos a disposición del DIF estatal de Guanajuato, del Estado de México, Jalisco y Michoacán, se desconoce el paradero de los 296, nada se sabe de su situación y condiciones actuales, por lo que es indispensable el conocer cuál es el estado en el que se encuentran todas y cada una de las niñas y niños, lo cual corresponde a la PGR y al DIF.

 

La legisladora del PRD enfatizó que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión, acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas, mientras que la directora quedó libre de responsabilidad penal debido a la argumentación de su deterioro físico y mental.

 

Consideró preocupante la versión de la apertura de un nuevo albergue por parte de Rosa Verduzco, en donde se presume tiene al menos a ocho personas, sólo que a decir del secretario de gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, la autoridad estatal no ha otorgado ningún permiso para que opere este sitio.

 

“Consideramos que los espacios de cuidados alternativos no son los espacios ideales para el desarrollo de las y los menores de edad, de hacer uso de ellos, estos deberán contar con la supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar que las instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, advirtió.

 

Juárez Piña señaló que la petición del informe  es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de las instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños.

 

Dijo que el acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, sólo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores y que los acogimientos o cuidados alternativos se deben de brindar siempre bajo la constante supervisión del Estado.

MG