La Procuraduría General de la República (PGR) no tiene nuevas pruebas para proceder en contra de la líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, luego de que un tribunal federal revocó el proceso penal que se había iniciado por el delito de delincuencia organizada.

 

Esta semana, activistas como Alejandro Martí e Isabel Wallace pidieron a la PGR que atrajera este caso ante la posibilidad de que Salgado, actualmente presa por el delito de secuestro, pudiera recobrar su libertad.

 

Pero autoridades federales indicaron que no existe competencia del Ministerio Público federal en el caso, luego de que un tribunal federal unitario ya revocó la acusación que se imputó por el delito de delincuencia organizada.

 

En la PGR explicaron que la averiguación previa que fue consignada en su momento en contra de la llamada comandanta Nestora Salgado, quien forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), partía de la tesis de que ella se organizó junto con otras personas para cometer el delito de plagio, conducta sancionada por la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

 

No obstante en su resolución el Tribunal Unitario del Vigésimo primer Circuito señaló que Nestora y las otras personas detenidas estaban organizadas dentro de una forma de fuerza de seguridad bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

 

Es decir que Salgado y su gente actuaron como policías comunitarios bajo la jurisdicción que les da el referido marco jurídico.

 

“Aquí es un caso cerrado a menos que alguien presente otra denuncia por un tema nuevo en su contra (de Salgado). Pero lo que había se consignó en su momento y la determinación la tomó el poder judicial” dijo un funcionario de PGR.

 

Nestora Salgado permanece recluida en un penal federal de Nayarit pero por un proceso penal del fuero común que sigue abierto en su contra por el delito de secuestro, radicado en un juzgado de Guerrero.

 

Ello, aunque el pasado 8 de enero el gobierno estatal se desistió de la acción penal en contra de Salgado García.