Por lo menos 11 diputados federales y locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el legislador federal Roberto López Suárez, negociaron una salida política con organizaciones y autoridades de Guerrero para que la líder comunitaria Nestora Salgado sea liberada, a cambio de despresurizar el caso Ayotzinapa.
Así lo denunciaron los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, los cuales subrayaron que esta negociación provocó que el actual gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, ordenara al Fiscal de Guerrero que se desistiera de la acción penal en contra de Nestora, situación que calificaron como ilegal, pues no existe consentimiento de las víctimas.
Salgado es comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el municipio de Olinalá, en la región de la Montaña Alta de Guerrero. Desde agosto de 2013 se encuentra recluida en un penal federal tras haber sido detenida por el delito de secuestro y crimen organizado.
Pero el año pasado un tribunal unitario revocó el auto de formal prisión dictado a nivel federal en contra de Salgado tras considerar que su acusación está respaldada por una ley de policías comunitarias. No obstante, aún están pendientes los procesos a nivel local también por secuestro.
En ese contexto Wallace y Martí revelaron ayer que legisladores del PRD han negociado, primero con el gobernador Aguirre y luego con su sucesor Ortega, la libertad de Salgado. Como muestra revelaron un audio en el que el diputado López Suárez habla en una de esas reuniones sobre “una salida política negociada” a este asunto que resulte beneficioso para todos.
“Este grupo dijo que a cambio de bajar la presión por el caso Ayotzinapa si liberaban a Nestora ellos intervendrían para bajarle presión a lo otro. Probablemente es un cálculo político. Lo dijeron los diputados y estos grupos (comunitarios). En esas reuniones hubo gente de Nestora y de otros grupos así como diputados” señaló Wallace.
Víctimas ignoradas
El académico de la UNAM Samuel González, presente en la conferencia que dieron Wallace y Martí, señaló que el desistimiento promovida por la Fiscalía no es legal pue son se tomó en cuenta en ningún momento el consentimiento de las víctimas para ello, como lo exige la reforma al artículo 20 constitucional.
Los activistas revelaron que hay aproximadamente 50 víctimas de secuestros cometidos por personas ligadas a Nestora Salgado. Una de estas víctimas, Dulce Rubí Burgos Pérez, narró ante los medios los maltratos sufridos durante el tiempo en que permaneció en cautiverio, así como el pago de 5 mil pesos que exigían para que la dejaran ir.
Wallace dijo que bajo el argumento de ser una fuerza comunitaria, Nestora y su gente privaron de la libertad a decenas de personas en “cárceles simuladas” y en condiciones deplorables, donde además eran víctimas de trabajo forzado.
En ese contexto los activistas solicitaron al presidente de la República Enrique Peña Nieto y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que intervengan en el asunto y eviten que se violen los derechos de las víctimas con la liberación anticipada de la líder comunitaria.
“Es lamentable que estando el sufrimiento de las víctimas tan evidente se busque políticamente un acuerdo bajo la amenaza de que si la señora Nestora sigue en la cárcel entonces a ver hasta dónde llega la cosa” dijo Alejandro Martí.
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