La senadora del PT, Layda Sansores San Román, exigió la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y de la Comisión Nacional de Seguridad,  Monte Alejandro Rubido García, para que expliquen las detenciones arbitrarias realizadas en la marcha del pasado 20 de noviembre y el 1 de diciembre.

 

En un comunicado, la legisladora recordó que a raíz de los sucesos en Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, se han realizado marchas en diversas partes del país; y en la Ciudad de México se han documentado detenciones arbitrarias de manifestantes, por parte de los elementos de seguridad.

 

A través de un punto de acuerdo, Sansores San Román destacó que  durante la manifestación del pasado 20 de noviembre, 11 personas fueron privadas de su libertad y a decir de los detenidos, fueron golpeados y amenazados durante su traslado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) donde rindieron su declaración, para ser trasladados posteriormente a penales de máxima seguridad.

 

Sin embargo, un juez de distrito determinó que las acusaciones, formuladas por elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) contra los detenidos.

 

“Resultan inverosímiles (las declaraciones)  y no se ajustan a las reglas de la lógica básica. Los teléfonos celulares de los detenidos fueron rastreados y sus cuentas de redes sociales revisadas, sin encontrar elemento alguno que los inculpara de la comisión de un delito”, detalló.

 

La senadora agregó  que otro caso conocido es el de Sandino Bucio Dovalí, detenido por elementos de la Policía Federal el pasado 28 de noviembre, a quien le fue imputada la probable participación en agresiones a elementos de corporaciones de seguridad, así como en actividades de corte vandálico.

 

Explicó que Bucio Dovalí fue interceptado en las inmediaciones de la estación del metro Copilco y subido con violencia a un vehículo por policías vestidos de civil. Según sus declaraciones, lo amenazaron y golpearon durante el traslado a las instalaciones de la SEIDO. Posteriormente fue puesto en libertad.

 

La legisladora consideró que éstas constituyen actuaciones arbitrarias de la autoridad, por lo que impulsó el punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.

MG