Con 371 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer la Ley de Competitividad que envió el pasado 1 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión y con la cual se prevé impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad en el país.

 

La iniciativa aprobada plantea elevar la inversión, la capacitación laboral y la formación de competencias de los emprendedores y trabajadores, así como el establecimiento de mecanismos que incrementen la productividad laboral.

 

De esta manera, será la Secretaría de Hacienda (SHCP) quien se encargue de elaborar un Programa Especial para la Productividad y Competitividad que sirva como instrumento ejecutor de la política nacional de fomento económico.

 

Además, Hacienda contaría con la participación de la Secretaría de Economía y de la opinión del Comité Nacional de Productividad (CNP), el cual se convertirá en una instancia consultiva con representación de los sectores público, social y privado.

 

Las recomendaciones de dicho Comité podrán ser dirigidas a dependencias y entidades, órganos autónomos, municipios y demarcaciones territoriales del DF, así como a las comisiones estatales de Productividad e, incluso, a los integrantes de los sectores sociales y privados.

 

En el documento se establece que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, identificará y comunicará al Comité los principales factores que inhiben la competitividad para orientar las políticas correspondientes y analizar el impacto de las acciones de gobierno en el desempeño del país.

 

La dependencia estará obligada a enviar al Congreso de la Unión informes semestrales sobre los avances y resultados del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

 

La ley aprobada fue enviada al Senado de la República, para su discusión y aprobación.

 

Mayor desarrollo 

 

Adolfo Orive Bellinger, presidente de la comisión de Competitividad, indicó que el objetivo principal de la ley es que la competitividad de una empresa, sector o región se sustente en el incremento anual y sostenido de la productividad y no en el abatimiento de los salarios ni en la reducción de los costos de otros insumos.

 

“Los ejes rectores de la ley se centran en el desarrollo de la planta productiva, especialmente la manufactura y el mercado interno, mediante una política nacional de fomento económico activo, con vertientes sectoriales y regionales con la rectoría del Estado”, subrayó.

 

El legislador recordó que estas medidas buscan generar una política pública que apoye a las 6 mil 257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación para conformar su proveeduría mediante cadenas de valor integradas por Mipymes en territorio nacional.

 

Agregó que impulsaría de manera directa a la democratización de la productividad en términos territoriales, promoviendo y estableciendo polos de desarrollo en las regiones más rezagadas como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.