Amnistía Internacional (AI) lamentó que el procurador general Jesús Murillo Karam, no reconozca como un crimen de Estado, e investigue como tal, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, luego de anunciar que, según testimonios de tres detenidos, fueron asesinados por delincuentes.
La organización defensora de los derechos humanos señaló que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero, “han sido limitadas e incompletas”.
A través de un comunicado, indicó que en su mensaje el titular de la PGR olvidó hablar de la negligencia y complicidad del Estado en la indagatoria contra el ex edil de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Asimismo, deploró que en este caso haya “funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los derechos humanos”.
El procurador dijo que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron para no dejar rastros, según el testimonio de tres detenidos que participaron en los hechos.
“Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que “la corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años, y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”.
Amnistía indicó que en su informe de hoy, Murillo “ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado”.
“También olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el (entonces) alcalde de Iguala,” José Luis Abarca, “el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes” y de otros delitos graves”, apuntó.
La organización recordó que el presidente Enrique Peña Nieto ha prometido a las familias de los estudiantes llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, pero lamentó que sus acciones demuestran lo contrario.
“El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“, refirió AI, y señaló que “en medio de esta profunda crisis de derechos humanos” Peña Nieto iniciará una gira internacional, “demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación” en México.
“Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos”, dijo Guevara.