Con 366 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular endurecer las penas por las tomas clandestinas de hidrocarburos, así como reconfigurar el tipo penal para que el Ministerio Público y la autoridades judicial pueda tener mayores elementos jurídicos para castigar este delito.
Los diputados avalaron modificaciones a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes federales de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política, y contra la Delincuencia Organizada.
Como parte de lo aprobado, se castigará con una pena de seis meses a dos años de prisión o de 100 a 500 días de multa a quien robe 300 o menos litros, pero si la cantidad es igual o mayor o mayor a 2 mil litros, se sancionará con pena de prisión de 4 a 11 años y de mil 200 a 13 mil días de multa.
También se sancionará a quienes provean sancionen el almacenamiento, transporte, suministro, ocultamiento, distribución y comercialización ilícita de los hidrocarburos, los cuales ahora serán catalogados como delitos graves y de delincuencia organizada.
También, dota al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), expresó que con estas reformas se busca frenar la toma clandestina de gasolina y la comercialización ilegal de la misma.
Mencionó que el mercado ilícito y robo de combustibles en el país son un problema de seguridad nacional; es un fenómeno que frena el desarrollo económico, limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, e impide la generación de negocios y disminuye la inversión.
El priista refirió que esta actividad indebida se ha incrementado en forma descomunal, pues en 2010 se presentaron 845 denuncias; en 2011, mil 570; en 2012, mil 949 y durante 2013 se presentaron tres mil 267; hasta septiembre de 2014 han sido tres mil 566 denuncias.
“No pasa desapercibida para ninguna persona la grave problemática que estamos enfrentando con el crimen organizado en materia de robo de hidrocarburos, a través de la ordeña de ductos de la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. No podemos permanecer pasivos ante estos hechos”, afirmó.
MG