La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) consideró que la obligación del gobierno mexicano en el caso Iguala no acaba con la detención del ex edil José Luis Abarca Rodríguez, ya que aún permanecen desaparecidos los 43 normalistas.
“La obligación de procurar justicia respecto de un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables”, apuntó AI en un comunicado.
La organización explicó que pese a “la relevancia de estas detenciones” aún continúan prófugas personas que han sido identificadas por la fiscalía como claves para el esclarecimiento total de los hechos y para la ubicación de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos la madrugada de este martes en un inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, por su presunta participación como autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Por este caso, las autoridades mexicanas han detenido a más de medio centenar de policías locales y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, han tomado el control de la seguridad de 17 municipios y desplegado una búsqueda de los desaparecidos en la que participan unos 10 mil agentes.
Sin embargo, matiza AI, “al día de hoy, las múltiples medidas adoptadas por el Estado no hayan sido exitosas para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual plantea la duda acerca de la verdadera efectividad de las medidas implementadas”.
Recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, más de 22 mil personas se encuentran desaparecidas o no localizadas en México, aunque “el gobierno nunca ha publicado información desagregada ni la metodología utilizada para obtener esta cifra”.
“Resulta preocupante que no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, es decir, cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un funcionario público, y se niega información sobre el paradero de la víctima”, agregó.
La organización recordó que existen sólo seis condenas por el delito de desaparición forzada en el fuero federal, según información oficial, todas producidas entre 2005 y 2009. DM