A siete días de los hechos violentos suscitados en Iguala, Guerrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC, pidió al gobierno de México medidas de protección para los 43 normalistas desaparecidos.
La Comisión Interamericana encontró que el caso reunía los requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables debido a la “falta de conocimiento sobre el paradero o destino de los 43 estudiantes… a pesar de las denuncias interpuestas” por sus familiares.
Los hechos violentos de Iguala, colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de irreparabilidad”, en palabras de la CIDH.
La Comisión requirió al Estado que implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
El gobierno mexicano deberá informar a la Comisión de las medidas adoptadas.
Con esto el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, se obliga a invertir todos sus esfuerzos en base a sus capacidades técnicas, presupuestales y periciales, en la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos asegurando que sus acciones no sean infructuosas o de antemano no estén destinadas a su fracaso como ha sucedido hasta el día de hoy.
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