México ha pasado por alto las recomendaciones de la ONU sobre las modalidades de cuidados alternativos para la infancia, lo que ha propiciado irregularidades e ilegalidades en los albergues y centros de atención para menores, como son los abusos sexuales por parte del personal de estas instancias, acusó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

 

Dichos abusos serán abordados por la Red este jueves ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra, Suiza, cuando presente el Informe Alternativo sobre la situación de garantía los Derechos de niñas, niños y adolescentes en México. El gobierno federal presentará su informe en mayo de 2015.

 

El sábado pasado se dio a conocer un nuevo caso de abusos sexuales contra menores en el Centro de Rehabilitación Fundación Jóvenes Saltillo, Coahuila, por parte de Hipólito Vasquez Pérez, Papá Polo, y Benito Juárez García, director y subdirector, respectivamente, de dicha institución.

 

Detenido el jueves por la denuncia por parte uno de los internos de la asociación civil, Papá Polo ha sumado hasta el momento cuatro acusaciones por abuso sexual y una por extorsión, según informan medios locales.

 

“El Estudio de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes que desarrolló la ONU entre 2003 y 2006 dio cuenta de que los infantes que están en instituciones de cuidado son los que viven con mayor vulnerabilidad de la garantía de sus derechos, por el hecho de encontrarse en espacios cerrados donde quedan limitados a la voluntad de los cuidadores”, dijo Martín Pérez, director de la Redim a 24 HORAS.

 

Por ello, agregó el especialista, es que las Directrices de las modalidades de cuidados alternativos de los niños, emitidas por la ONU en 2010, han insistido en la necesidad de evitar la institucionalización de los menores. “México ha pasado de largo dichas recomendaciones de Naciones Unidas, lo que ha propiciado irregularidades en los centros de cuidados o albergues para menores”.

 

Lo que viene

 

De acuerdo con el informe que preparó la Redim, México carece de un sistema de información que permita identificar cuántos niñas, niños y adolescentes están privados de su medio familiar, lo que contribuye a que el gobierno no asuma su papel de garante y protector frente a las posibilidades alternativas de acogimiento.

 

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar reportó que en México hay 412 mil 456 infantes privados de cuidado parental, de los cuales unos 30 mil viven en las 700 instituciones calculadas en el país para la atención y cuidado de personas menores de edad, de las cuales 70% es administrada por asociaciones civiles.

 

Martín Pérez recordó que a mediados de julio pasado salió a la luz el caso del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, donde se acusó Rosa Verduzco, Mamá Rosa, de pasar por alto los abusos sexuales por parte de su personal con los menores que cuidaban, entre otras irregularidades de dicho centro de cuidados.

 

“Nuestro país ha sido omiso en su responsabilidad de proteger a niños y niñas debido principalmente a errores de pensamiento que consideran que los menores son responsabilidad de las familias y cuando éstas no pueden hacerse cargo entonces quedan a cargo de instancias de particularidades”, concluyó.