La comisión legislativa para el caso del derrame del río Sonora se pronunció a favor de que el gobierno federal cancele a Grupo México la concesión para explotar recursos energéticos tras derramar 40 mil metros cúbicos de sustancias derivadas de cobre en el río Bacanuchi, a consecuencia de una falla en la tubería de salida de una represa.
“La comisión especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables”, concluyó el primer informe de la Comisión especial de seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó dicho informe y demandó que Grupo México constituya un fondo de desarrollo regional, solventado exclusivamente por la empresa, que deberá incluir incentivos a la actividad económica y social de Sonora.
Dicho fondo será solventado por Grupo México con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, adicional al fideicomiso que anunció recientemente el gobierno federal.
Marco Antonio Bernal, en su calidad de presidente de dicho grupo de trabajo, dijo a 24 HORAS que el Poder Legislativo impulsará las reformas necesarias, conforme a las mejores prácticas internacionales, para “garantizar y fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos mineros, propiedad originaria de la nación”.
Asimismo, recomendó “establecer la suspensión inmediata de actividades al presentarse una contingencia o daño; asegurar el otorgamiento y conservación de las concesiones a empresas social y ambientalmente responsables; robustecer la autoridad del Estado en materia de litigios sobre daños ambientales y agilizar los juicios que con particulares tienen los concesionarios mineros”.
El legislador cuestionó que la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo Mexico, por un lado reporta ganancias de 4.4 millones de dólares por día, y cuenta con un historial negativo y de impunidad que ha sido evidenciado por sus propios trabajadores.
“No protege la salud de sus trabajadores y cierra centros hospitalarios, como el Hospital del Ronquillo, no respeta los derechos laborales, no contrata personas de Cananea y exhibe letreros discriminatorios en las puertas de sus instalaciones, ésta no puede ser considerada en México como una empresa socialmente responsable”, criticó.
“Nos pronunciamos por establecer sanciones y multas oportunas proporcionales al daño y prejuicio generados, considerando las ganancias percibidas, la reincidencia en ilícitos garantizando su pago efectivo, perdiendo la concesión y pagando a quien contamine y ponga en riesgo el ecosistema y la vida humana. Aquí hablamos no solamente de la minera, sino de toda actividad que atente contra el ambiente”, señaló.
El legislador del PRI por Tamaulipas explicó que nuestro país requiere de mayores inversiones y empleos, pero también de mejores empresarios, responsables ambiental y socialmente, que contribuyan al desarrollo regional, “en Grupo México no lo encontramos”.
Expresó que la firma se condujo con falsedad desde un primer momento, “ya que a pesar de tener conocimiento del derrame se abstuvo de dar aviso oportunamente a las autoridades durante varios días”.
“La empresa minera expuso y sigue exponiendo al peligro a la población afectada, sin caber la menor duda de que la empresa minera incurrió en delitos en materia ambiental”, agregó en entrevista.