EDIMBURGO. A un día del referéndum, el mundo empresarial y el pequeño comercio de Escocia siguen divididos sobre los efectos que la independencia tendría en la economía y en sus negocios, algo que puede palparse en las calles de Edimburgo.

 

 
Mientras que grandes compañías británicas como la petrolera BP o Kingfisher, de bricolaje, alertan de los peligros de la secesión, y bancos como Lloyds y RBS han amenazado con trasladar a Londres sus sedes, más de dos mil 600 pequeñas y medianas empresas escocesas cantan los beneficios del autogobierno.

 

Business for Scotland, que agrupa a esos negocios independentistas, sostiene que la marcha del Reino Unido permitiría a la empresa escocesa tener más voz.

 

“Una Escocia independiente tendrá control sobre sus ingresos y poder de decisión en cuanto a inversiones, regulación y promoción de los bienes y servicios escoceses en el mundo”, afirma el director de investigación de la asociación, Michael Gray.

 

Serkan Ginar, un turco-escocés que regenta una cafetería en el centro de Edimburgo, está de acuerdo en que un país más pequeño -Escocia tiene unos 5 millones de habitantes frente a más de 58 millones del Reino Unido- “puede manejarse mejor”.

 

“Yo pienso con mentalidad empresarial: antes tenía seis comercios y me era más difícil controlarlos, ahora tengo uno y puedo centrarme en él y me va de maravilla”, señala.

 

Las calles de la capital escocesa vibran estos días en anticipación de la histórica consulta, que genera gran debate entre amigos, colegas y familias, y que, según John Bowan, “causa verdaderas divisiones”.

 

Bowan, de 60 años, tiene una tienda de té e infusiones y opina que la independencia será “fatal” para la economía y para su negocio.

 

Militante acérrimo del Partido Laborista británico y “contrario a todos los nacionalismos”, afirma que “el voto independentista es un voto racista, básicamente antiinglés”.

 

“Si sale la independencia, al día siguiente sin falta traslado mis cuentas bancarias a Inglaterra”, declara Bowan, que califica de “viles traidores” al cerca del 40% de votantes laboristas que, según las encuestas, se decantarán por la secesión.

 

Christopher Smyth, dueño de una tienda de tarjetas y decoraciones navideñas que luce una figura de la reina Isabel II en el escaparate como reclamo turístico, ha hecho cuentas y concluye que con la independencia saldrá perdiendo.

 

“El pequeño comercio hoy en día subsiste gracias a varias fuentes de ingresos y yo dependo en 50% de las ventas por internet. Con la independencia aumentaría el coste de enviar productos por correo al resto del Reino Unido y mi mercado inmediato también se reduciría”, explica.

 

Frente a la división de opiniones y argumentos contrapuestos, hay también empresarios y comerciantes que ya tienen claro cómo beneficiarse pase lo que pase.

 

Es el caso de la excéntrica tienda de curiosidades y objetos de regalo “Museum Context”, que vende “Pasaportes escoceses” por una libra esterlina, “válidos a partir del 19 de septiembre”.

 

 

En el último tramo de la campaña de cara al referéndum independentista, los líderes de los principales partidos políticos británicos (conservadores, laboristas y liberal-demócratas) se comprometieron a devolver poderes a los escoceses si finalmente se impone el ‘No’.

 

 

El primer ministro David Cameron, el líder liberal demócrata, Nick Clegg, y el líder laborista, Ed Miliband, dejaron de lado sus diferencias y prometieron a los escoceses en un comunicado conjunto difundido ayer, que si rechazan la independencia de Reino Unido habrá una fuerte protección para el Parlamento de Escocia y para el Sistema de Salud escocés así como por otros servicios públicos vitales en la región.

 

 

La primera parte del acuerdo promete “nuevos” y “amplios” poderes para el Parlamento de Escocia, mediante la garantía de “un proceso y un calendario” previamente acordado por las tres partes, trasferencia que se iniciará el mismo 19 de septiembre (un día después del referéndum). Tras esto, los líderes británicos señalan que están de acuerdo en que el Reino Unido existe para “garantizar las oportunidades y la seguridad para todos los ciudadanos”, compartiendo los recursos “de una forma equitativa”.

 

 

En tercer lugar, consagran por escrito la promesa de que la última palabra sobre la financiación del Sistema de Salud escocés, así como del resto de servicios públicos, “recaerá sobre el Gobierno de Escocia”, en lo que entienden que sería una evolución de la ‘Fórmula Barnett’ (un mecanismo utilizado por el Tesoro en el Reino Unido para ajustar los importes o asignaciones del gasto público).