El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con las familias de personas desaparecidas solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto acciones que abunden en un mayor respeto y garantías a los derechos de las víctimas.

 

En una carta conjunta dirigida al Ejecutivo federal, le sugieren que se tomen en cuenta las facultades encomendadas al Comité contra la Desaparición Forzada, previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 

Lo anterior debido a que el gobierno expresó que “la atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”.

 

Actualmente, muchos casos no se denuncian en el país por miedo, estigmatización, falta de sensibilidad o desconfianza a las autoridades, entre otros obstáculos, señalan en el documento, aún cuando el papel de México fue central para la discusión y adopción de la Convención Internacional.

 

Asimismo, denuncian que hasta el momento no existen mecanismos efectivos para la búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros.

 

En tanto, señalan, tampoco existe la coordinación de mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas.

 

Los firmantes consideran que bajo estas condiciones resulta apremiante el reconocimiento del derecho de los familiares, organizaciones y víctimas de presentar comunicaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas, bajo los requisitos establecidos en la misma Convención Internacional.

 

En tanto, la misiva destaca que el derecho a la justicia debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre hoy en el país.

 

Recordaron que dentro del proceso del Examen Periódico Universal (EPU), varias de las recomendaciones se dirigieron a que México acepte las competencias correspondientes, sin embargo, recordaron que en marzo el gobierno presentó un escrito par aceptarlas parcialmente debido a que dice, que actualmente existe la vía del Sistema Interamericano para las Víctimas.

 

Y aunque los firmantes reconocen los aportes del Sistema, consideran que ello no debe ser un obstáculo para garantizar las mayores posibilidades de una protección internacional a las víctimas cuando las instituciones del Estado fallan en sus obligaciones de respeto y garantía. NS