MADRID. Los complejos equilibrios entre privacidad y derecho a la información y la dificultad de aplicar la sentencia del “derecho al olvido” se han puesto de manifiesto durante la primera reunión pública del consejo asesor de Google en esta materia.

 

 
La tecnológica estadunidense ha conformado un grupo de trabajo de expertos independientes para determinar las directrices que ha de seguir para aplicar esa sentencia en Europa.

 

El Tribunal de Justicia de la UE reconocía el pasado mayo que los ciudadanos tienen derecho a ser “olvidados” en internet, es decir, que pueden reclamar a Google y otros buscadores que retiren de sus resultados de búsqueda los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.

 

Entre el 29 de mayo y el 1 de septiembre, Google ha recibido 120 mil solicitudes de derecho al olvido relativas a 457 mil URLs, aunque no ha hecho público el número de requerimientos a los que se ha respondido con el borrado del enlace de los resultados de búsqueda.

 

La eliminación de los enlaces en los resultados del buscador solo se aplica a las búsquedas realizadas por nombre y apellido, no por los hechos relatados.

 

 

 

Son Google y las compañías responsables de otros buscadores los que han de evaluar si las peticiones se ajustan a los requerimientos de la sentencia europea.

 
El consejo asesor de Google ha visitado Madrid para escuchar la opinión de diversos expertos españoles, a primera cita de un tour europeo que recorrerá Roma, París, Varsovia, Berlín, Londres y Bruselas.

 

La división de la balanza entre la protección de datos, la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la información ha sido un tema recurrente en la reunión, en la que se ha juzgado la idoneidad de Google como actor que decide qué derecho prevalece en cada caso o cuándo una información deja de ser relevante o se convierte en obsoleta.

 

La vicepresidenta de la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad, Cecilia Álvarez, ha destacado que la sentencia del TJUE tiene implicaciones en ámbitos que van más allá de la protección de datos como son los derechos a la imagen, el honor, la información o la intimidad.

 

No considera que Google, una empresa privada y no una institución pública, sea el actor adecuado para evaluar si un enlace debe ser retirado y ha pedido que los editores de información tengan un papel activo en la aplicación del derecho al olvido.

 

En ese sentido, el doctor en derecho Alberto Iglesias Garzón, critica que Google se convierta “en juez y parte”, algo que en un caso extremo podría conllevar el riesgo de “instrumentalización y segmentación de la privacidad”.

 

Iglesias ha afirmado que la aplicación del derecho al olvido es una “tarea titánica” que convierte a los buscadores en editores y no en mensajeros de la información, lo que tiene un impacto negativo en la libertad empresarial.

 

Por su parte, la exdirectora de la Biblioteca Nacional, Milagros del Corral, ha aseverado que la eliminación de enlaces, si se generaliza, puede “desembocar en la distorsión de la Historia” puesto que se prescinde así de un útil elemento de información para juzgarla.